Internacional
Lunes 02 abril de 2018 | Publicado a las 21:36
Aumenta suspenso en juicio contra expresidente boliviano por masacre de indígenas en 2003
Publicado por: Manuel Stuardo La información es de: Agence France-Presse
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El suspenso aumentaba este lunes en un tribunal en Fort Lauderdale, sur de Florida en Estados Unidos, donde el jurado parecía incapaz de llegar a un acuerdo en el caso civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de crímenes contra la humanidad por familiares de ocho aymaras.

Los diez miembros del jurado no se declararon estancados al terminar su sesión este lunes, pero tampoco llegaron a un veredicto en su quinto día de deliberaciones para decidir si Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, son responsables o no de una masacre de indígenas en Bolivia en 2003.

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S√°nchez de Lozada, de 87 a√Īos, es el primer expresidente en ir a juicio en Estados Unidos por abusos de derechos humanos, de acuerdo al Center For Constituional Rights (CCR), que representa a los demandantes.

“Es muy inusual que un jurado delibere por m√°s de cuatro d√≠as sin preguntar qu√© hacer o sin declararse en punto muerto”, coment√≥ el juez federal James Cohn a los abogados de ambas partes.

Si un jurado se declara en “punto muerto” o estancado, es raz√≥n para que el juez declare “nulo” el juicio.

Al terminar la jornada, abogados de ambas partes acordaron preguntar a los jurados si estaban haciendo progresos y si tenían noción de cuánto más demorarán en llegar a un veredicto.

“En este momento no podemos determinar cu√°nto tiempo nos tomaremos“, respondieron en una nota al juez Cohn.

El abogado de la defensa, Stephen Raber, pidi√≥ al juez que considere apelar al “Allen charge”, un mecanismo judicial que permite presionar al jurado para que tome una decisi√≥n, sugiriendo a quienes est√©n discordando que consideren cambiar su opini√≥n y ajustarse a la mayor√≠a.

“S√≠, siento que tenemos que hacer algo”, respondi√≥ el juez, instruyendo una investigaci√≥n sobre qu√© precedentes existen en la aplicaci√≥n del “Allen charge” en casos civiles donde el jurado no se declara estancado.

El juicio tiene lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior.

En este caso, los familiares de ocho bolivianos muertos en la alegada masacre buscan indemnizaciones por parte de ambos pol√≠ticos por “matanzas extrajudiciales, cr√≠menes contra la humanidad y homicidios culposos” entre septiembre y octubre de 2003, seg√ļn el texto de la demanda.

Cultivos de coca vs abuso policial

El 17 de octubre de 2003, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron contra el Gobierno en un clima de intenso conflicto social. El Ejecutivo sacó tanquetas militares a las calles y murieron más de 50 personas, casi todas de la comunidad aymara.

Lozada dimitió ese día y huyó hacia Estados Unidos. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa y tras las elecciones, en 2006 asumió Evo Morales, el primer presidente aymara de Bolivia.

Durante los testimonios, asistieron al tribunal los demandantes aymara; las mujeres vestidas con faldas tradicionales y el largo cabello trenzado. Del otro lado de la sala, contrastaba el equipo del expresidente con sus trajes negros.

La suerte del expresidente y su entonces ministro la decide un jurado compuesto por seis afroestadounidenses, tres blancos y un hispano de origen venezolano, el √ļnico que el d√≠a de la selecci√≥n dijo tener cierta noci√≥n de la pol√≠tica boliviana. Todos ignoraban los hechos de 2003.

Los abogados de “Goni” buscaron llamar la atenci√≥n de los jurados haciendo frecuentes alusiones al hecho de que los demandantes defienden el cultivo de coca, aclarando siempre que esta es la materia prima de la coca√≠na y sin necesariamente mencionar que su cultivo es tradicional en la cultura aymara.

Los abogados de los demandantes, de su lado, buscaron la simpatía del jurado con los relatos de abuso policial cometidos durante los disturbios y las expresiones racistas expresadas por el alto mando militar contra los indígenas aymara.

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