El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó hoy la solicitud de declaratoria del Campo de Prisioneros Tres y Cuatro Álamos, ubicado en San Joaquín, uno de los más más emblemáticos centros de represión durante la dictadura militar. La decisión implica, en la práctica, ampliar el decreto que actualmente protege la Casa de Administración y el patio del recinto.
Tres y Cuatro Álamos fue un recinto de detención utilizado entre 1974 y 1977 por Carabineros y la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) que tenía una doble condición: un recinto de detención de opositores abierto, en el cual se reconocía a los detenidos, cuyos familiares podían visitarlos y conocer las condiciones en que se encontraban; y por otra parte Cuatro Álamos, un recinto clandestino donde no se reconocía la detención de los disidentes con lo cual estos quedaban expuestos a torturas y desaparición.
“Lo que hacemos es otorgar protección a la totalidad del recinto en el entendido que debemos procurar su preservación en el tiempo para las futuras generaciones, independiente del uso que tenga en la actualidad como centro del Sename, en relación a esto último existe toda la compresión institucional del caso, de hecho el compromiso es generar un plan de manejo para compatibilizar las funciones”, dijo Ángel Cabeza, director de la Dibam y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.
La solicitud fue planteada por la Corporación Tres y Cuatro Álamos que expuso la necesidad de proteger este vestigio material de violaciones a los derechos humanos.
“Les quiero pedir a los miembros del Consejo que nos acompañen apoyando convertir este sitio de memoria en Monumento Nacional. Los sitios de memoria son una contribución muy importante para la educación en materia de derechos humanos. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, no repitamos esta historia”, dijo Ossiel Nuñez a nombre de los sobrevivientes y la corporación, al argumentar a favor de la protección.
Se estima que por el recinto de detención pasaron unas 6 mil personas, muchos de los cuales figuran en la lista de Detenidos Desaparecidos. En la lista se encuentran el sacerdote español Antonio Llidó Mengual y Cecilia Miguelina Bojanic Abad, joven embarazada de cuatro meses al momento de su detención.
“Este proceso ha sido una construcción en conjunto con la Corporación de sobrevivientes y sus familiares, el Servicio Nacional de Menores y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior para proteger uno de los centros más emblemáticos de la represión durante la dictadura, un recinto que espero podamos resignificar hacia un espacio de educación en materia de Derechos Humanos, para que nunca más”, dijo Ana Paz Cárdenas.
La solicitud de aprobación de la declaratoria será enviada próximamente al Ministerio de Educación para la dictación de decreto respectivo.
