Desde este lunes el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, asumió la dirección de la indagatoria por el Caso Penta, luego que Sabas Chahuán reasignara las investigaciones que mantenía a su cargo antes de dejar la jefatura del Ministerio Público.
El parámetro indiscutido para el resto de la indagatoria es la condena que recibió el ex senador e histórico dirigente de la Unión Demócrata Independiente, Jovino Novoa, quien en un procedimiento abreviado fue encontrado culpable de delitos tributarios en el marco de este caso.
En conversación con Radio Bío Bío, el fiscal Manuel Guerra estimó que el hecho de que Novoa haya reconocido los delitos es el principal parámetro con el cual seguirá la investigación.
“En un principio se llegó a decir por parte del señor Novoa que ésta era una investigación ‘ideológicamente falsa’, se negó la existencia de los hechos y aquí el peso y la fuerza de la investigación determinaron que, en definitiva, él aceptase los hechos, los antecedentes, y aceptase un procedimiento abreviado donde no discutió la existencia del delito ni discutió la participación ni la entidad de la pena solicitada”, afirmó el persecutor.
Para Guerra, el trabajo realizado por la Fiscalía ha sido “acucioso, responsable” y “fija un precedente para casos que son de similar naturaleza, donde esperamos también obtener sentencias condenatorias”.
La pena solicitada por el ente persecutor para el ex presidente de la UDI es de tres años de presidio menor en su grado medio, los que podría cumplir bajo la modalidad de libertad vigilada. Esto generó la disconformidad de los querellantes del caso, que acusaron al Ministerio Público de no haber ejercido un actuar más fuerte al respecto.
“Quizás a mucha gente nos parece que las penas que tienen los delitos económicos y los delitos tributarios en especial son bajas, pero obviamente que ese es un tema que no depende de nosotros. Está señalado en la ley, aquí se ha actuado con apego a la ley y se han solicitado las penas en base a los antecedentes de investigación existentes”, explicó el fiscal.
Por el momento no descartó que se puedan adoptar nuevos procedimientos abreviados respecto de otros imputados en esta causa, aunque esta vía no será forzada por la Fiscalía: “El procedimiento abreviado supone un acuerdo en el cual el imputado acepta los hechos y los antecedentes de la investigación. Nosotros no podemos forzar a nadie a llegar a un procedimiento abreviado, toda persona imputada tiene derecho a un juicio oral y público y es su decisión el tomar los caminos que considere preferente”.
Guerra estará acompañado por los persecutores de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, con quienes ya tuvo una reunión de coordinación para continuar trabajando “en la línea de lo que se venía haciendo; perseguir la responsabilidad penal de aquellos imputados que se encuentran formalizados y determinar la existencia o no de responsabilidad penal respecto de quienes no han sido formalizados aún”.
