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Cámara de Diputados pide eliminar certificado de movilidad reducida de subsidio

ARCHIVO | Jos van Galen (SXC)
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Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 444 que pide a la Presidenta de la República eliminar el requisito de “certificado de movilidad reducida”.

Este es un subsidio complementario para personas con discapacidad, además de definir y promover una política pública nacional de acceso inclusivo a beneficios sociales, con el objeto de facilitarles la postulación.

La iniciativa fue presentada a la Cámara por un grupo transversal de diputados integrado por Daniel Melo (PS), Maya Fernández (PS), Diego Paulsen (RN), Loreto Carvajal (PPD), Fuad Chahin (DC), Clemira Pacheco (PS), Alejandra Sepúlveda (IND), Joaquín Lavín (UDI), Luis Rocafull (PS) y Marcela Hernando (PRSD).

En la propuesta, los parlamentarios indicaron que la condición de movilidad reducida debe ser calificada cuando se gestiona la inscripción en el

Registro Nacional de Discapacidad

.

En este plano, consideraron que además solicitar un certificado de movilidad reducida resulta un trámite redundante e innecesario que solo dificulta la postulación de los interesados, en circunstancias que la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) ya acreditó la movilidad reducida en una instancia previa para ingresar el registro.

Por lo anterior, señalaron que solo bastaría con solicitar exclusivamente copia de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, en vez de reevaluar una situación que ya fue ponderada.

Agregaron que la solicitud de este certificado ha resultado, en la práctica, un desincentivo para que personas con discapacidad postulen a este beneficio social, puesto que es un trámite burocrático, lento, que además de ser innecesario, implica una traba para el acceso a una vivienda propia.

Insistieron en que la eliminación de este requisito puede parecer una acción pequeña, pero aportará de manera importante al acceso de beneficios sociales.

Asimismo, añadieron que “es necesario promover de manera urgente políticas públicas que logren una verdadera inclusión social de personas en situación de discapacidad”.

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