El Ministerio de Educación decidió enviar al fiscal nacional, Sabas Chahuán, los antecedentes de la investigación preliminar que realizó a la escuela de Derecho de la Universidad Central debido a que existen hechos que pueden revestir delitos. La indagatoria del Mineduc, a la que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío Bío, determinó que hubo una práctica institucional que buscaba evitar que la Corte Suprema objetara el juramento de los egresados al no haberse efectuado las convalidaciones correctamente.

103 hojas tiene la resolución que la cartera de Educación remitió al fiscal nacional respecto de la investigación preliminar que lleva a cabo en contra de la escuela de Derecho de la Universidad Central, ante la denuncia de falsificación de actas de pregrado que buscaban subsanar los errores cometidos en las convalidaciones de cientos de estudiantes, de forma que pudieran jurar ante la Corte Suprema.

En la formulación de cargos, el Ministerio de Educación determinó que en la Universidad Central “existió una política institucional, tendiente a simular o disimular hechos que no eran tales”.

Además, se estableció que por medio de actas de exámenes pregrado, “se indicaba que las cátedras habían sido cursadas y aprobadas en el plantel, en circunstancias que sólo habían sido convalidadas. Actas que se agregaban a los antecedentes que se remitían a la Corte Suprema, para la apertura de expedientes de juramento y que fueron suscritas por docentes, pese a que los exámenes no se rindieron allí, las comisiones no se constituyeron y las calificaciones fueron predefinidas. Todo ello, con el objeto que el máximo tribunal no objetara el juramento del egresado, al no haberse efectuado las convalidaciones correctamente”.

La conclusión concuerda con la denuncia realizada por los ex docentes de la escuela de Derecho, Carolina Vengas y Christian Merino, como lo indicó éste último.

Agrega la resolución del Mineduc que esto “incidió en el normal funcionamiento de la escuela de Derecho de la Universidad Central, ya que ante las irregularidades hubo que revisar todas las convalidaciones, paralizando el proceso de licenciatura y de entrega de antecedentes para jurar ante la Corte Suprema, afectando el derecho a la educación de decenas de estudiantes”.

De esta forma, se estableció que el plantel “ha incumplido, reiteradamente, sus compromisos administrativos y académicos asumidos con los alumnos”.

Es por esta razón que el Mineduc decidió remitir esta investigación a la Fiscalía Nacional, ante la existencia de hechos que puedan revestir caracteres de delito, como lo confirmó Carolina Venegas.

En la investigación, que consta de 11 tomos, se determinó también que la validación que hizo la Universidad Central de la convalidaciones, por medio de estas actas de examinación, sólo se formalizó el 9 de marzo de este año, pese a que la utilización del instrumento databa de 2013.

El Ministerio de Educación concluye además que lo que se buscaba con este procedimiento era cambiar el historial académico del estudiante, de manera que en la documentación que se enviaba al máximo tribunal el estudiante convalidado figurara como alumno regular de la escuela de Derecho.

Además, este lunes los denunciantes presentarán un escrito ante la Corte Suprema para que se incorpore a la carpeta investigativa esta investigación, además de solicitar alegatos ante el pleno y exponer los hechos, luego que el comité designado para esta indagatoria sugiriera archivar la causa.