101 establecimientos subvencionados pasarán a ser gratuitos a partir del 2016 en la región de Valparaíso, lo que beneficiará a cerca de 40 mil estudiantes, indicó el seremi (S) de Educación, Alejandro Tapia, quien calificó estas cifras como un hito.

La autoridad de Educación en Valparaíso destacó el número de establecimientos que solicitaron la modificación de su financiamiento dando paso a la gratuidad, superando con ello el 50% de lo que se tenía estimado como universo de establecimientos.

Tapia añadió que el objetivo del proyecto es que cerca de 200 mil estudiantes de la región tengan una educación gratuita de aquí al 2019.

Además, el seremi detalló que el nuevo régimen de selección comenzará a regir a partir de octubre o noviembre del 2016, por lo que éste es el último año en que se “juega con las reglas antiguas”.

La gratuidad de los establecimientos permitirá que sus sostenedores puedan invertir en infraestructura y en calidad educativa, destacó Tapia.

Respecto al fin de la selección, el director de la Superintendencia de Educación en la región de Valparaíso, Pablo Mecklenburg, indicó que a la hora de postular a un colegio, tendrán preferencia los hijos de funcionarios y los que tengan hermanas o hermanos en la institución.

Tras ellos, se utilizará un mecanismo ciego de selección para regular el ingreso a los colegios, según la disposición de matrículas.

El promedio de notas del año anterior y la situación económica de los estudiantes no tendrán ninguna implicancia en este proceso, detalló la autoridad, recalcando que hasta el 2019 se mantendrá la posibilidad de que el 100% de los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados pasen a ser gratuitos.

Hasta el momento existen tres establecimientos en Valparaíso que pasarán a ser particulares pagados, señaló Mecklenburg. Entre éstos está el colegio Fundadores de La Calera.

Mecklenburg aseguró que como institución serán inflexibles respecto a la existencia de irregularidades en este proceso, subrayando en que se podrían aplicar sanciones que llegan a mil UTM (44 millones de pesos), además de revocar el reconocimiento oficial de establecimiento educacional o la condición como sostenedor.