La Corte de Apelaciones de Santiago analiza este lunes la presentación del Ministerio Público para revocar la decisión de la magistrada del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago Ema Tapia, que declaró nula la formalización por delitos tributarios del ex vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Claudio Eguiluz, en el caso Soquimich.
Tapia tomó esta resolución en la audiencia del pasado 27 de julio al no existir una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra del consejero regional del Bío Bío.
A los pocos días el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda se querelló contra Eguiluz solicitando que sea investigado por la facilitación de boletas ideológicamente falsas en la indagatoria a la empresa de Julio Ponce Lerou.
Consultado respecto al tema, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, expresó su confianza en una decisión favorable del tribunal de alzada.
“Creemos que los fundamentos son sólidos y además se produciría la paradoja de que hay cuatro fallos anteriores de cuatro miembros del mismo tribunal de garantía que estaban absolutamente de acuerdo con la tesis de la fiscalía”, sostuvo.
“Ahora claramente si permanece el criterio de la magistrada Tapia, bueno es una posibilidad procesal y habrá que dirigir la investigación a lo que se permita dirigir la investigación por los tribunales, es parte de las reglas del juego, ahora que nos parece erróneo, es erróneo”, señaló al ser consultado durante la inauguración de un seminario en la Universidad de Chile la mañana de este lunes.
El fiscal Emiliano Arias es quien se encuentra representando los argumentos del Ministerio Público y explicó que como organismo no necesitan “denuncia o querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos como para formalizar investigación. Sí necesitamos como acto esencial del servicio que esté denunciado un hecho como constitutivo de delito”.
La 11º Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fijó para este miércoles la lectura del fallo respecto a esta solicitud de la Fiscalía.
El Ministerio Público estableció que son nueve las personas vinculadas al congelado militante RN que entre 2012 y 2014 emitieron boletas a la minera no metálica por un monto total de $420 millones de pesos.
Además son 25 boletas de honorarios que pagó a su favor la minera no metálica, por un total de 112 millones y por las que no existiría respaldo de los servicios prestados.
