La Superintendencia de Educación encontró una cantidad importante de recursos públicos que fueron utilizados para otros fines al estipulado en la ley en varios sostenedores de la Región de Coquimbo. Esto gracias a la información cruzada que manejan especialmente con la Contraloría General de la República.

El primer semestre de este año concluyó la etapa de revisión de las rendiciones presentadas el año pasado, pero que corresponden a lo recibido durante el 2013, ya que existe un año de desfase en el proceso.

En el segundo semestre de este año la superintendencia iniciará la revisión de lo rendido hasta la fecha correspondiente al 2014.

Según indicó el organismo fiscalizador, son cerca de $1.500 millones los que fueron rechazados a distintos sostenedores debido a que los gastos rendidos no corresponden o bien no están acreditados. Cifra que podría aumentar ya que el proceso se encuentra en investigación.

“En la Región de Coquimbo hay sostenedores que mantienen una cantidad importante de recursos que no están claros y en base a esa información nosotros iniciamos un proceso administrativo”, indicó el director regional de la Superintendencia de Educación, Francisco Brizuela.

Se trata principalmente de recursos públicos entregados por el Gobierno para programas especiales, uno de ellos es la Subvención Escolar Preferencial (SEP), iniciativa que busca mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos más vulnerables. El otro proyecto es el Programa de Integración Escolar (PIE), el cual plantea una subvención especial que reciben los sostenedores por aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ya sean transitorias o permanentes, por ejemplo, trastornos específicos del lenguaje, déficit atencional, trastornos del aprendizaje,etc.

Investigación

Debido al proceso de investigación que mantiene la Superintendencia de Educación, aún se desconocen los establecimientos cuestionados por estas rendiciones.

“La facultad que tiene la superintendencia es que aquel sostenedor que no rinda cuenta, o bien que rindiendo lo hace, pero entregándonos información en donde se señala un uso distinto de la subvención, nosotros automáticamente tenemos que iniciar un proceso administrativo y en eso estamos”, detalló Brizuela.

Las implicancias de estas cuestionadas rendiciones radican en que algunos sostenedores, si bien presentaron los antecedentes de sus gastos, estos no fueron respaldados con documentación.

“Por poner un ejemplo, como sostenedor al rendir un gasto tengo que acompañar la factura, la boleta, o aquel documento que acredite que aquello que estoy rindiendo corresponde. Si digo que compre notebook o que contraté fonoaudiólogos en el caso del PIE necesito acompañar esa declaración de la documentación para fundamentar y acreditar que lo dicho en la rendición es verdad”, expresó el director de la superintendencia.
Sanciones

Una vez notificados los establecimientos de estos casos, son formalizados de su cuestionada rendición, sin embargo, los administradores puede presentar sus descargos al respecto y apelar a esta decisión.

Pero en caso de corroborarse tal incumplimiento del uso de los recursos públicos, los sostenedores, tanto particulares subvencionados como municipales, se exponen a sanciones que van desde los dos millones de pesos hasta los $40 millones.

Por otra parte, está el otro tipo de sanción que es la inhabilitación del representante legal de la sociedad que administra o en el departamento de educación, si es municipal.

Respecto a esta situación, el seremi de Educación, Pedro Esparza indicó que hay que esperar también el derecho de apelación de cada establecimiento.

“La superintendencia está haciendo su trabajo y eso es positivo, ahora yo espero que los sostenedores puedan realizar sus descargos y justifiquen debidamente estos gastos.Si no es así significa que todavía tenemos déficit en la gestión”, aclaró.

Calidad afectada

Sin duda uno de los mayores cuestionamientos a la mala utilización de los recursos de las subvenciones apunta a la calidad de la educación y como ésta se ve afectada por tales hechos.

“Es una situación compleja, ya que la gravedad radica que al no estar ocupándose esta subvención en aquel destino para el cual lo definió la ley, lamentablemente ese estudiante no está recibiendo ese apoyo suficiente para poder recibir una educación de calidad”, aseveró Brizuela.

Además, el seremi Esparza manifestó que “de confirmarse estos antecedentes se afecta la calidad de los procesos educativos ya que estos dineros están destinados específicamente para acciones educativas”.

Una alerta educativa

Ambas autoridades tanto el seremi Educación como el director regional de la Superintendencia de Educación estuvieron de acuerdo en señalar que esta una alerta que debe ser analizada. Por su parte, Brizuela indicó que “este un llamado de alerta respecto a cómo hoy se están administrando los recursos y cuáles son los mecanismo de control que debe tener el Ministerio de Educación y el Estado en general para poder asegurar que aquellos recursos que se entregan sean bien utilizados”.