La Contraloría General de la República emitió un dictamen el 16 de junio pasado, en la que cuestiona la tardanza con la que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) elevó el decreto de reconstrucción en el norte, tras el terremoto del 1 de abril pasado.
En el informe se destaca que el decreto “no se ajusta a derecho” por cuanto a que fue dictado “fuera del plazo” de 30 días “previsto en el artículo 26 de la ley N° 16.282″, en la que se establece la acción en caso de sismos o catástrofes.
A su vez se indica que el Minvu no da un carácter extraordinario a las reparaciones por el evento sísmico, todas las cuales se someten a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Otro hecho es que “no se aprecia el sentido de distinguir entre localidades” para la protección del patrimonio, ya que “se encuentran sometidas a un mismo régimen normativo”. Asimismo, “cabe reparar que no se dispone la forma a través de la cual serán determinados los mencionados atributos arquitectónicos”, en caso de.
Cabe indicar que el decreto del Minvu impone “exigencias extraordinarias a que deberán ajustarse la construcción, reconstrucción y reparación de edificios, o demolición de ellos, en las zonas afectadas por la catástrofe”.
Consultada por La Tercera, la jefa de la División Jurídica del Minvu, María Cecilia Cáceres, comentó que apelarán a la decisión, mediante la entrega de nuevos antecedentes.
“Nosotros, indudablemente, sabemos que esto fue dictado conforme a derecho. Lo que nos corresponde ahora es solicitar a la Contraloría y exponerle nuestros argumentos y plantearle una reconsideración sobre este caso”, explicó.
Durante el mes de abril, el Minvu estableció que 13.187 casas fueron dañadas por el terremoto, tanto en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
