La intervención del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría solicitarán abogados de vecinos y pescadores artesanales de Coronel, a raíz de las conclusiones del informe de la PDI que atribuyó a la termoeléctrica Bocamina la contaminación en la zona.
Se trata de una arremetida judicial y administrativa que llevarán adelante en conjunto abogados que hasta ahora habían actuado por separado en contra de Endesa.
Es así como uniendo fuerzas con la abogada de la Confepach, Paula Villegas, profesionales del estudio de Fernando Saenger que representan a vecinos de Lo Rojas decidieron entregar al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes que dan cuenta de altas concentraciones de metales pesados en Coronel y Lota. Así lo indicó el abogado Renato Fuentealba.
Paralelamente, además, trabajan en una presentación a la Contraloría, denunciando el actuar negligente -dijo el abogado Roberto Coloma- de los organismos medioambientales que autorizaron Bocamina 2 y que mantienen un proceso sancionatorio contra Endesa por su central termoeléctrica.
Los principales afectados por la contaminación constatada por la PDI en el marco de la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público es la población de las ex comunas carboníferas.
De ello dio cuenta uno de los vecinos de la población Aroldo Figueroa, donde se han reportado varios casos de cáncer que la comunidad atribuye a la contaminación.
En esa línea, los abogados informaron que la Fiscalía abrió una nueva arista en su investigación, la cual busca ahora determinar si la operación de las planta de Endesa es responsable de los problemas de salud de la población.
