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Justicia peruana anula informe del Congreso que acusa a Alan García de “delitos constitucionales”

Manuel González Olaechea y Franco (CC) | Wikimedia
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Un tribunal peruano anuló este lunes el informe final de una comisión del Congreso que investigó al ex presidente Alan García y que recomendaba acusarlo por presuntas irregularidades cometidas en su segundo gobierno (2006-2011), informó el Poder Judicial.

Una resolución del Quinto Juzgado Constitucional de ese tribunal “declaró nulo todo informe final de la megacomisión donde recomienda acusar a Alan García Pérez como actor de diversos delitos constitucionales”, informó una nota de prensa de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La decisión, dictada por el juez Hugo Velásquez, obedece a que “la megacomisión no ha cumplido con lo dispuesto en dos sentencias judiciales en las cuales se ordena que la Comisión debe precisar de manera puntual la conducta ilícita y presunto delito y/o infracción constitucional que habría cometido García en cada tema de investigación”.

Señala también que el informe “adolece de un defecto sustancial insubsanable y al no precisar el status jurídico de García dentro de la investigación, no se indica si era citado a declarar como ‘investigado’ o ‘testigo’”.

El presidente de la llamada ‘megacomisión’, el congresista Sergio Tejada (del gobernante Partido Nacionalista), en su primera reacción criticó la decisión del tribunal.

“La historia de nuestro Perú no debe registrar un nuevo episodio de impunidad. La democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Con el fallo judicial se bloquea la posibilidad de discutir el informe del grupo parlamentario, prevista para los primeros días de abril en el pleno del Congreso.

La ‘megacomisión’ detectó que durante el gobierno de García se otorgaron indultos y reducciones de pena a más de 5.000 presos, entre ellos condenados por narcotráfico, de los cuales algunas bandas completas.

También se encontraron presuntas irregularidades en la construcción de colegios.

El tema de los “narcoindultos”, como se calificó el caso, constituía, según los integrantes de la comisión, una infracción constitucional y podría haber llevado a una acusación contra García y a su inhabilitación política.

La posibilidad de una sanción afectaba los planes del ex presidente García quien es considerado como un seguro candidato a las elecciones presidenciales de 2016 y la resolución le deja abierto el camino a su eventual candidatura.

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