El Tribunal Ambiental acogió a trámite el recurso presentado por un empresario valdiviano, que alega ilegalidad en la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente por las obras que se habrían realizado al interior del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en la región de Los Ríos.

62 páginas tiene el recurso de reposición presentado por los abogados del empresario valdiviano Carlos Montoya, a quien la Superintendencia del Medio Ambiente le abrió un expediente de sanción por realizar una intervención para un proyecto de loteo de parcelas en un terreno que, según la entidad, se encuentra dentro del Santuario de la Naturaleza.

Los abogados acompañaron además 43 documentos para impugnar dicha resolución, la que además obliga a Montoya a ingresar el proyecto de loteo al Sistema de Evaluación Ambiental.

En el recurso, los representantes legales del empresario aseguran que el proceso de fiscalización de la Superintendencia, que dio pié a las drásticas medidas, está viciado.

Entre otros argumentos, los abogados aseguran que la única intervención real constatada es la instalación de unas estacas para delimitar los loteos, lo que en ningún caso constituiría una obra que exija ser evaluada ambientalmente.

Asimismo, insisten en que el territorio se encuentra fuera del Santuario de la Naturaleza, entregando como prueba el mapa presentado por el Estado chileno para la incorporación del lugar a los sitios rámsar en 1981.

Uno de los puntos que resaltan los recurrentes es la incongruencia en los antecedentes presentados por la Superintendencia para concluir que el sitio se encuentra dentro del Santuario Carlos Anwandter, asegurando que dicho organismo presentó mapas como propios del Ministerio del Medio Ambiente, pero que dicha cartera declara no tener.

Por otra parte, aseguran que en su resolución, el organismo fiscalizador se refiere a oficios anteriores que sustentarían las conclusiones, pero cuya información no aportaría nada para la postura del organismo.

El tribunal acogió a trámite el recurso de reposición y otorgó un plazo de 10 días para que la Superintendencia responda al documento de los abogados del empresario.