La Contraloría General de la República responsabilizó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de permitir, debido a la falta de fiscalización, que los habitantes de Lampa consumieran agua potable con elevados niveles de arsénico.
El organismo fiscalizador aseguró, además, que la distribución del elemento hídrico se realizó sin la autorización del Ministerio de Salud.
El órgano contralor estableció que por al menos 6 años, cerca de 4 mil familias de Lampa consumieron agua con niveles de arsénico superiores a los establecidos por la actual legislación. Por ello instruirá un procedimiento disciplinario en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas por no fiscalizar a las empresas Novaguas y BCC Sociedad Anónima.
Según el organismo, dicha Superintendencia no inspeccionó a ambas compañías desde su puesta en marcha en 2007 y 2009, respectivamente, lo que se tradujo en que entregaran agua con una concentración de arsénico tres veces mayor a la permitida y sin la autorización del Ministerio de Salud, otra institución cuestionada.
El ministro de esta cartera, Jaime Mañalich, descartó algún grado de responsabilidad, recordando las sanciones que aplicó el Minsal, en 2013, a dos empresas sanitarias por turbiedad en el agua.
La concejala de Lampa Alejandra González recordó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios es una entidad dependiente del Ministerio de Salud:
Guillermo Aqueveque, vocero de la Agrupación Desarrollo Vecinal del Valle Grande, indicó que el principal responsable de que consumieran agua con alto contenido de arsénico fue la Superintendencia:
Según lo estableció la Contraloría, al menos hasta 2012 Novaguas y BCC no se habían adecuado al límite máximo de arsénico, que es de 0,01 miligramo por litro de agua, entregando un recurso con una concentración hasta tres veces mayor.
Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios indicaron que era imposible conversar con su máxima autoridad, Magaly Espinosa, por “temas de agenda”.
