La polémica generada por la designación de Claudia Peirano como futura subsecretaria de educación entrega luces sobre las condiciones en que deberá desenvolverse el gobierno de Michelle Bachelet.
Peirano, académicamente, por currículum, tiene los atributos para el cargo.
El que hace tres años opinara en contra de la gratuidad universal no debiera inhabilitarla. Porque o pudo haber cambiado de opinión o porque, opinando todavía igual, está dispuesta a implementar el programa de la Nueva Mayoría.
El problema de Claudia Peirano no es, entonces, un asunto de definición programática ni de capacidades personales, sino un problema político.
Si se escoge nombrar a una persona que tiene conflictos de interés, lo mínimo es exigir y acordar la fórmula para que esos conflictos se despejen o desactiven. Esa era una decisión política, básica y obvia, que cuesta explicar porqué a nadie se le ocurrió.
No está demás recordar que fue la actual oposición la que escarbó sobre los conflictos de interés de muchos de los integrantes del gobierno de Sebastián Piñera cuando recién se instalaron.
La sospecha que recae sobre la Nueva Mayoría es esa: la del doble estándar, la de descalificar a otros por prácticas que ellos mismos llevan adelante. La política nos tiene acostumbrados a crear espacios de impunidad, pero la inconsecuencia tiene su límite.
