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Demanda peruana en La Haya: el escenario que Chile pudo evitar

Agencia UNO
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La búsqueda de responsabilidades políticas en cuanto a la resolución de la Corte Internacional de Justicia respecto al diferendo marítimo de Perú con Chile hasta el momento ha apuntado hacia Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

Sin embargo, un momento relevante para haber frenado la arremetida peruana se dio en 1986, tras la presentación del documento conocido como memorándum Bákula.

Éste surgió a raíz de la reunión del entonces embajador de Perú, Juan Miguel Bákula, con el canciller Jaime del Valle, para tratar entre otras materias el tema de la delimitación marítima.

Debido al peso del asunto, y a la falta de un secretario de actas, Del Valle solicitó a Bákula la redacción de un documento que resumiera dichos aspectos, de acuerdo al relato del diplomático del vecino país. Ante ello nació el memorándum, con sello, timbre y oficio conductor de Torre Tagle.

Aquí es donde Chile dio el primer paso en falso. Para el abogado, ex embajador y analista internacional José Rodríguez Elizondo, la Cancillería chilena debió dar por no recibido dicho documento. Sin embargo, se resolvió entregar una declaración de prensa mencionando la reunión con Bákula, dejando en evidencia que “se harán estudios” sobre el tema de la delimitación marítima planteada en el encuentro.

Clave también sería el silencio que mantuvo Augusto Pinochet de esta materia, del cual ni siquiera el presidente Patricio Aylwin se enteró al asumir su mandato.

Con este escenario sería comprensible la sorpresa que planteó en conversación con BioBioChile Claudia Hernández, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, en cuanto a la reacción de la diplomacia chilena luego que Perú volviera a levantar el tema en 2000, año en que el vecino país protestó ante la presentación de las cartas náuticas chilenas que fijaban el límite marítimo siguiendo el paralelo 18º21’00″.

En cuanto a la acción de Perú ante La Haya, estima que la estrategia adoptada por nuestro país pudo tomar otra orientación. “En la práctica, Chile pudo no haber aceptado la demanda. Por un tema estratégico, Chile quiere verse como un país serio, postura que tomó”, afirmó Hernández. “Perú pide tres cosas y una de ellas implica territorio, donde la Corte no tiene jurisprudencia”, agrega.

El académico Cristian Garay, de la Universidad de Santiago, estima que el vecino país gestionó con gran habilidad la concreción del caso durante casi 30 años y, al igual que Claudia Hernández, sostiene que lo primero que debió haber realizado Chile “es haber negado la validez y competencia de la Corte”.

En este sentido, Garay también sugiere que se presentó un debilitamiento de la postura chilena con la adopción de la tesis de “cuerdas separadas” propuesta por Perú, en cuanto a tratar los temas económicos con Chile por un lado, mientras que los temas políticos y diplomáticos se discutían por otra parte.

“Piñera asumió la tesis peruana, sin embargo las “cuerdas separadas” quitan fuerza a la defensa nuestra, ya que los jueces tienen que haber pensado que Chile no tenía motivos para rechazar la postura de Perú”, sostuvo Garay.

Las miradas después del 27 de enero se concentrarán en la redefinición de las relaciones entre Chile y Perú, cuyos gobiernos han anunciado que acatarán y darán cumplimiento al fallo que entregue la Corte Internacional de Justicia, independiente de lo que ésta resuelva.

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