Con la presentación de una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Concepción, la Sociedad Playa Negra busca determinar quién ha impedido que se otorgue efecto a la resolución de la Corte Suprema, que meses atrás ordenó la entrega del paño de 11 hectáreas en el que hace 80 años viven siete familias mapuche que conforman la Comunidad Marihuén.

El delito que se persigue es el de desacato y solicitan el arresto del funcionario que habría desobedecido al tribunal, explicó el abogado de la sociedad, Enrique Gómez.

Alejandro Bravo hizo evidente su molestia. Dijo que a las pérdidas económicas se suman las de índole moral. Agregó que han hecho todos los
esfuerzos posibles para alcanzar una solución, incluso con audiencias con el nivel central. “Si existe en este país el Estado de Derecho vamos a exigir que se cumpla lo que la Suprema dictaminó”, recalcó Bravo.

Finalmente, la Fiscalía remitió los antecedentes al Tribunal en Coronel para su tramitación.