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Iglesia Católica reconoce existencia de abusadores de menores en comparecencia ante la ONU

Imagen de Archivo | Hans Scott/agenciaUNO
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El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño pidió este jueves a la Iglesia Católica que actúe con mayor resolución contra los abusos sexuales a menores de edad, un enorme escándalo que la Santa Sede está acusada de haber intentado acallar.

“El ejemplo que la Santa Sede debe dar al mundo debe sentar precedente. Tiene que marcar un nuevo enfoque”, dijo Sara Oviedo, integrante del equipo investigador de este comité de Naciones Unidas.

La investigadora hizo sus comentarios en una audiencia en la que por primera vez una delegación del Vaticano dio explicaciones a los expertos del Comité sobre los Derechos del Niño acerca de los abusos cometidos contra menores por religiosos católicos.

Oviedo denunció que en la gestión de los escándalos de pedofilia por parte de la Iglesia “se ha dado preferencia a los intereses del clero”.

“La Santa Sede no ha establecido ningún mecanismo para investigar a los acusados de perpetrar abusos sexuales, ni tampoco para procesarlos”, añadió.

También criticó las medidas tomadas por el Vaticano con los autores de abusos. Según ella, “los castigos impartidos nunca parecen reflejar la gravedad” de los hechos.

“Sabemos que se han hecho avances”, reconoció, preguntándose no obstante si los niños “tienen la posibilidad de ser oídos, sobre todo cuando se trata de víctimas”.

La ONU pidió también a la delegación vaticana más información sobre los miembros y los objetivos de la comisión creada por la Santa Sede el pasado diciembre para la protección de los menores.

Durante más de una década, la Iglesia Católica se ha visto sacudida por una cascada de escándalos de abusos sexuales cometidos por religiosos contra menores, que empezó en Irlanda y se extendió a Alemania, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, como México.

Los abusos fueron a menudo encubiertos por los superiores de los autores, que en muchos casos los transfirieron a otras parroquias, en lugar de denunciarlos a la policía.

El Vaticano defiende sus medidas

El Vaticano, que empezó tomando la palabra en la sesión de este jueves, defendió su gestión ante la ONU, haciendo valer una política de lucha contra la pedofilia “articulada a diversos niveles”.

El embajador del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi, recordó que la Santa Sede ratificó la Convención de Derechos del Niño en 1990, y sus protocolos -uno de ellos relativo a la pornografía infantil- en 2000.

También afirmó, sin dar detalles, que la Santa Sede formuló una serie de “directivas” en la materia para facilitar el trabajo de las parroquias. Éstas, además, han desarrollado recomendaciones para evitar los abusos, dijo el representante, citando la Carta de protección de niños y jóvenes adoptada por la Iglesia Católica estadounidense en 2005.

Tomasi puntualizó también que legalmente, la Santa Sede sólo es responsable de la aplicación de la convención de la ONU en el territorio de la Ciudad del Vaticano, donde viven apenas 36 niños, una posición muy criticada por las asociaciones de víctimas.

Un argumento en el que abundó este jueves, en declaraciones a Radio Vaticano, el portavoz Federico Lombardi.

El portavoz explicó que aunque la Santa Sede es parte de la Convención, “la Iglesia católica, en tanto que comunidad de fieles católicos dispersos por el mundo, no es parte de ésta de ninguna manera, y sus miembros están sujetos a las legislaciones de los Estados en los que viven y trabajan”.

“Los abusos sexuales en Irlanda, o los cometidos en el seno del movimiento de los Legionarios de Cristo han sido casos en los que los países donde se han producido son competentes jurídicamente”, añadió a modo de ejemplo.

El pasado mes diciembre, la Santa Sede se negó a responder al cuestionario que le envió en julio el comité de la ONU, sobre unas 4.000 investigaciones eclesiásticas actualmente analizadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Lombardi justificó en Radio Vaticano esta falta de cooperación alegando que esas investigaciones están hechas en base al derecho canónico, “muy diferente de las leyes civiles de los Estados”.

El Vaticano señaló que sigue recibiendo unas 600 denuncias contra sacerdotes cada año, muchas de ellas acerca de hechos cometidos en los años 1960, 1970 y 1980.

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