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Formalizan a empresario valdiviano por utilizar dineros del Sence destinados a capacitaciones

Carlos López (RBB)
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Por el delito de fraude de subvenciones fue formalizado conocido empresario valdiviano, imputado por utilizar recursos del Sence destinado a capacitaciones, dineros que no fueron ocupados para los fines informados.

El Ministerio Público comunicó ante el Tribunal al empresario Fernando Hales Chabán, encargado de la empresa de concesión para el retiro de la basura en la ciudad, está siendo investigado por la obtención indebida de la franquicia tributaria en 2009 y 2010.

Según los antecedentes de la investigación, el imputado había comunicado al Sence que realizó diversos cursos de capacitación, ejecutados por él mismo, y que se habrían verificado mediante la modalidad de un relator externo, rol que le correspondía desarrollar un segundo imputado, Luis Bucarey Bórquez.

En la audiencia pública, el fiscal Gonzalo Valderas comunicó que Hales invocó dichos antecedentes ante el Servicio de Impuestos Internos a título de crédito por gastos de capacitación respecto del año tributario 2009 por 6 millones de pesos; y respecto del 2010, por 15 millones, montos que les fueron devueltos en su totalidad. Pero tras una fiscalización, el Sence acreditó que los cursos no se realizaron según lo acordado.

Según el fiscal, la irregularidad consistió en emitir certificados de asistencia y boletas de honorarios que consigan datos no reales e inconsistentes, además de documentos similares para cursos que nunca se realizaron y la emisión de los que consignan un 100% de participación de los trabajadores, en capacitaciones que no fueron efectuadas.

Para el abogado del Consejo de Defensa del Estado y querellante que representa al Sence, Daniel Medina, ya se cumplió el propósito de formalizar investigación por la obtención indebida de la franquicia tributaria, anunciando una demanda.

En tanto, el abogado de los imputados, Carlos Geisse, sostuvo que sus representados han colaborado con la investigación, incluso cancelando la totalidad de lo percibido el 2010 y esperando cumplir próximamente con lo correspondiente al 2009.

Para el 23 de octubre quedó fijada la audiencia en donde se debatirá una medida cautelar para asegurar la acción civil que llevará el Consejo de Defensa del Estado, y que consistirá en dejar en garantía una suma de dinero o bien material acorde a lo que espera recuperar el ente procurador.

En cuanto a la audiencia penal, ambos imputados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional, fijando el Tribunal 60 días de plazo de investigación.

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