Este lunes, una de las juezas de Familia encargadas del informe del Poder Judicial desmintió una de las versiones de la Unicef sobre la prohibición de la Corte Suprema de hacer público el informe.

Las declaraciones fueron realizadas durante la sesión de la Comisión de Familia, que actúa como investigadora en el Caso Sename, a la que no asistió el funcionario de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien es el juez encargado de la unidad de apoyo del máximo tribunal.

Según indicaron, Carreño no compareció puesto que lo había hecho anteriormente en su calidad de ministro de la Corte ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, prestando colaboración para dicho efecto.

Quienes sí comparecieron fueron las juezas de Familia, Gloria Negroni, quien fue la que tomó la coordinación de este estudio solicitado por el Poder Judicial en compañía con Unicef, y también Karen Hoyuelos, que fue la persona encargada de seguir adelante con esta comisión.

En la instancia la jueza Negroni calificó en duros términos el informe elaborado por la propia Unicef, indicando que faltaba todo tipo de protocolos de acción para tomar precisamente esta encuesta, en donde se da cuenta de los supuestos casos de abusos dados a conocer por algunos menores en diferentes centros dependientes del Sename.

En ese sentido, Gloria Negroni desmintió la versión dada por la jueza Mónica Jeldres -en su momento coordinadora de este informe- quien señaló que en la reunión del 14 de enero se habría dado la orden de prohibir que se hiciera público este informe por parte de la Corte Suprema.

Asimismo indicó que el cuestionario que se tomó a los menores nunca fue dictado por la Corte Suprema, y es precisamente esa una de las razones que lleva a que se hagan estos cambios en el equipo y que se instruya a realizar nuevamente el levantamiento de esta información, pero con otro tipo de metodología que dé las garantías necesarias que tienen los menores.

La jueza manifestó que no bastaba con recoger información, sino que también se tenía que tener un plan de acción en caso de que se pudieran detectar estos casos de vulneración de derechos.

Negroni sostuvo en su comparecencia ante los parlamentarios que las fichas individuales y las fichas residenciales no están concluidas, tal como lo habían indicado en la sesión que les tocó comparecer las juezas que llevaban en un primero minuto este estudio.

Además señaló que el 8 de noviembre de 2012, la Corte Suprema y Unicef firmaron este acuerdo. Asimismo, indicó que se logró determinar que las encuestas que se practicaron a los menores se realizaron antes de la fecha de protocolo de este acuerdo, indicando también que hay un tiempo indeterminado de aproximadamente cinco a seis meses en los cuales se habrían tomado las encuestas a los menores que dicen haber sido abusados por los dependientes del Sename.

Se tiene contemplado que en la próxima sesión de la Comisión estén invitados los sostenedores de estos centros del Sename, para conocer parte de la historia que tienen que contar sobre esta situación, en donde todavía no se han dado luces de quiénes serían los responsables, sino que más bien se ha dejado en evidencia serias contradicciones entre lo planteado por la jueza que llevó en un primera instancia este informe y las que están a cargo ahora, mandatadas por la Corte Suprema.