El próximo viernes, a las 13 horas, se conocerá el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que pretende anular el acuerdo al que llegó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte con los ejecutivos de las grandes cadenas de farmacias, imputados de coludirse en los precios de los medicamentos.

Fueron a lo menos 200 medicamentos entre el 2007 y el 2008, cuyos precios se fijaron en una operación orquestada por 10 ejecutivos de las más grandes cadenas del país: SalcoBrand, Ahumada y Cruz Verde.

El 8 de julio, la Fiscalía Centro Norte llegó a un acuerdo con los imputados, para suspender el procedimiento a cambio de un pago de poco más de 255 millones de pesos en donaciones a instituciones de caridad y que los ejecutivos se sometieran a cursos de ética empresarial.

El ex diputado Jaime Mulet, quien recurrió contra este acuerdo, calificó de grave el hecho que estos imputados no vayan a juicio.

Mulet aseguró que “el acuerdo de suspensión condicional del procedimiento es risible, la verdad es que es un acuerdo que los deja en definitiva como “blancas palomas”, ya que pagando algunos dineros, yendo a unas clases de ética quedan liberados, eso nos parece muy grave, por eso es que hemos sostenido estos recursos para revocar eso”.

Junto con lo anterior, el ex parlamentario agregó “ojalá podamos tener un fallo favorable y que estas personas vayan a juicio”.

El fiscal a cargo de la investigación, José Morales, explicó que el acuerdo se logró ante las bajas penas que contempla la legislación para este tipo de ilícito.

El fiscal Morales señaló que actúan conforme a las reglas que ha establecido el legislador, quien establece penas bajas para ese tipo de ilícitos. Junto con esto, señaló que si alguien quiere cambiar eso, pueden votar por quienes quieran hacer las modificaciones, o haberlo cambiado cuando fue legislador, como el caso del señor Mulet y no lo hizo.

Juan Domingo Acosta, abogado defensor de los ejecutivos de Cruz Verde, se manifestó sorprendido ante el cambio de actitud, que según él, han expresado los querellantes, ya que “el señor Multe y sus abogados concurrieron a varias audiencias donde a otros 8 imputados también se les aplicó la suspensión condicional del procedimiento y no dijo nada” afirmó el jurista.

Si la Sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acoge la petición del querellante, deberá ordenarse la preparación del juicio oral contra los imputados.