El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Henrique Eduardo Alves, descartó el martes realizar un plebiscito para una reforma política válida para las elecciones de 2014, como propuso la mandataria Dilma Rousseff en respuesta a las masivas manifestaciones de hace un mes.

“La cuestión del plebiscito es de orden práctico: con el plazo de 70 días exigido por el TSE (Tribunal Superior Electoral) para realizar el plebiscito, hasta que esto ocurra dentro del plazo de un año exigido por la Constitución, no habría cómo hacer para que (la reforma) valga para la elección de 2014″, dijo Alves tras reunirse con líderes de todos los partidos, citado por la estatal Agencia Brasil.

Para que sea válida para las elecciones de octubre de 2014, la reforma política debería ser aprobada antes del 5 de octubre próximo.

La realización de un plebiscito para impulsar una reforma política que regule la financiación de campañas e imponga el voto distrital para que los parlamentarios tengan mayor representatividad, es la principal respuesta lanzada por la presidenta a las protestas callejeras que sacudieron a Brasil durante la Copa de las Confederaciones, para reclamar mejores servicios públicos y denunciar la corrupción.

Alves dijo que la Cámara de Diputados no desecha la propuesta de plebiscito, pero explicó que la reforma sería válida para las elecciones siguientes, de alcaldes, en 2016.

“Si llega la propuesta de plebiscito con las firmas recogidas, esta Cámara podrá votarla (…), pero aún viniendo el plebiscito, sólo tendrá validad para 2016. Mientras tanto, para que podamos caminar, vamos a elaborar un grupo de trabajo para que en 90 días presente una propuesta de reforma política que podría ser sometida a un referendo”, añadió.

Según la ley brasileña, el plebiscito es una consulta popular abierta que se hace antes de elaborar una ley, mientras que en un referendo, la ciudadanía debe limitarse a refrendar o rechazar un proyecto de ley formulado por el Congreso.

El Congreso ha aprobado algunas medidas que buscan satisfacer el reclamo de los manifestantes, como destinar un 75% de las regalías del petróleo a la educación y un 25% a la salud, y penas mayores para políticos y empresarios corruptos.