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Vocera advierte que falsos exonerados deberán rendir cuentas a la justicia

Víctor Pérez | Agencia UNO
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El Gobierno busca las responsabilidades de las autoridades políticas en el caso de los presuntos falsos exonerados y verá la forma de anular los pagos a todos los exonerados fraudulentos. Además, desde La Moneda se confirmó un equipo jurídico para investigar la denuncia hecha por Contraloría.

A comienzos de la semana pasada, la Contraloría General de la República dio a conocer la existencia de 3 mil falsos exonerados. Una investigación que rápidamente trajo repercusiones en el mundo político, y es que en el informe aparecen nombres de parlamentarios como Isabel Allende, Camilo Escalona, e incluso el actual vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, quienes certificaron a personas como exonerados políticos.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló este domingo que estas irregularidades en la asignación de recursos públicos a personas que no califican como exonerados, fue una “maquinaria” que se instaló durante mucho tiempo para defraudar al fisco. De paso, la ministra Pérez anunció que buscarán la forma de anular los actuales pagos fraudulentos.

La portavoz de La Moneda dijo que todas aquellas autoridades que estuvieron involucrados directa o indirectamente con falsos exonerados deben hablar y entregar explicaciones a la ciudadanía.

Pero la Alianza no se quedará ahí. El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Gustavo Hasbún, solicitará una comisión investigadora en la Cámara Baja para buscar las presuntas responsabilidades de autoridades en este caso.

El diputado del PPD Tucapel Jiménez señaló que el tema no debe ser mal utilizado por los partidos para sacar provecho. Explicó que es un asunto muy sensible para aquellos que efectivamente sufrieron la pérdida de sus trabajos en tiempo de dictadura. Jiménez agregó que bajo ningún punto de vista van a defender a personas que abusaron y defraudaron al fisco.

El palacio de La Moneda ya confirmó un equipo jurídico compuesto por el abogado Luis Hermosilla, quien fue representante de la UDI en el caso Jaime Guzmán; y Juan Domingo Acosta, quien fue asesor del ministro Rodrigo Hinzpeter durante el caso Bombas. Ambos profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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