El gobierno mexicano prevé que los homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado registren una disminución de 20% en el primer semestre de presidencia de Enrique Peña Nieto, que se cumple al final de mayo, y revisará a la baja el número de desaparecidos.

“Nos aproximamos a una reducción del 20% en fallecimientos por la violencia asociada al crimen organizado. Vamos a cerrar así este mes de mayo”, afirmó este viernes el secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en una reunión con corresponsales extranjeros.

La cartera de Gobernación (Interior) había reportado que estos homicidios sumaron 5.296 entre diciembre y abril, lo cual implicaba una reducción de 18% respecto a los últimos cinco meses de presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

Una media de 34 personas han sido asesinadas cada día en este tipo de crímenes entre el 1 de enero y el 23 de mayo de este año, mientras que entre enero y diciembre de 2012 fueron 41, según datos de Gobernación, la dependencia que ha pasado a coordinar la lucha contra los grupos criminales en el gobierno de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Algunos expertos han puesto en duda la metodología que utiliza el gobierno para establecer si un asesinato está vinculado con el crimen organizado y cuestionan que la violencia haya bajado a esos niveles en el país.

Según un estudio de Alejandro Hope, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, los homicidios únicamente se contrajeron un 0,6% en el primer trimestre de 2013 respecto al cuarto de 2012.

Osorio Chong defendió la rigurosidad de la metodología del gobierno y sus investigaciones. En cambio, criticó los protocolos que se seguían en el anterior gobierno.

Durante el mandato de Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), se detuvo “a casi 150.000 personas por estar relacionadas con la criminalidad o la comisión de algún delito. De ellas, sólo 3.000 están hoy sujetos a un proceso o purgando una pena”, expuso el secretario.

Osorio Chong atribuyó esta situación a la falta de coordinación entre militares o policiales con la fiscalía, e incluso a “peleas y conflictos” entre las dependencias para exhibir resultados.

Esa descoordinación también se reproducía en el intercambio de información con Estados Unidos, subrayó.

“Con Estados Unidos, cada área federal de allá, la DEA, la CIA, tenía el enlace con la secretaría (mexicana) que más le tenía confianza. Y las otras secretarías, por lo menos en nuestro gobierno y seguro que también en Estados Unidos, no estaban enterados del trabajo que se estaba realizando”, expuso.

Ahora toda la información se centraliza por la agencia de inteligencia mexicana, Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), y “estamos siendo más efectivos”, sostuvo.

Revisión de la cifra de desaparecidos

El secretario también avanzó que la cifra de 26.121 personas reportadas como desaparecidas durante el mandato de Calderón sufrirá una reducción “importante” después de un proceso de depuración que permitirá determinar, caso por caso, si se trata de desapariciones provocadas por el crimen organizado o si derivan de decisiones personales.

“En dos meses podremos decir a cuántos desaparecidos se baja con toda una investigación de la cual informaremos a las familias”, adelantó.

Un gran número de padres y madres en México se han organizado para reclamar al gobierno que encuentre a sus hijos, porque creen que fueron víctimas del crimen organizado -en algunos casos en colusión con autoridades-, especialmente en el norte del país.

Por otro lado, Osorio Chong avanzó que a principios de junio se anunciará una nueva estrategia para controlar, con “tres grandes retenes”, la entrada de migrantes por la frontera con Guatemala, por donde cruzan de forma clandestina unos 140.000 centroamericanos anualmente, muchos de los cuales sufren agresiones por parte del crimen organizado y abusos de autoridades en su camino hacia Estados Unidos.

El gobierno de Peña Nieto ha expresado su intención de cambiar la estrategia de combate frontal al narcotráfico lanzada por Calderón -que generó una ola de violencia en la que murieron más de 70.000 personas- para priorizar la coordinación entre todos los niveles de gobierno y los trabajos sociales de prevención del delito.