El exjuez argentino Otilio Romano, que enfrenta en Chile un juicio de extradición acusado en su país de amparar delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-83), rechazó los cargos y afirmó que existe una persecución política en su contra.

En un escrito judicial en el que contesta las acusaciones en su contra -al que tuvo acceso AFP-, Romano asegura que las “imputaciones obedecen a razones de índole política”.

En el texto, explica que el encono hacia su persona surge cuando en su calidad de magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza debió pronunciarse en diciembre de 2009 sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley sobre ‘Servicios de Comunicación Audiovisual’, popularmente conocida como la ‘ley de medios’ e impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner.

“Los hechos ponen en evidencia que en Argentina se ha maquinado una persecución política en mi contra, por parte del grupo político dominante, liderado por la Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner”, aseguró en el texto.

El gobierno argentino acusa a Romano de no investigar un centenar de casos de graves violaciones de los derechos humanos y solicitó hace un año su extradición desde Chile, país al que huyó el 24 de marzo de 2011, un día antes de ser destituido.

El gobierno chileno rechazó en mayo de 2012 otorgarle refugio político, al estimar que “no estaban los elementos para señalar su calidad de perseguido político”.

Tras el rechazo del gobierno, la justicia chilena sigue adelante con el proceso de extradición, mientras Romano cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.