La jueza Claudia Donoso del 18º Juzgado Civil de Santiago, resolvió acoger la demanda de indemnización de daño moral presentada por 30 víctimas en contra del Estado chileno, las que fueron secuestradas por agentes estatales entre el 11 y 31 de diciembre de 1973 en la Región de Magallanes y confinadas en centros de detención de la zona, especialmente en el ubicado en la isla Dawson.

En el fallo la magistrada Donoso resolvió que el Fisco deberá pagar 150 millones de pesos a cada uno de los demandantes, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad.

“Solo serán indemnizadas las personas reconocidas como víctimas del Estado chileno en el informe de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura lo que, naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan a los seres humano sujetos no solo dolor físico, sino también, un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes”, según sostiene la resolución.