La organización internacional de conservación marina Oceana solicitó a la Municipalidad de Puchuncaví la cancelación de la patente y clausura inmediata de la fundición y refinería de cobre de Codelco Ventanas, por no contar con un informe sanitario favorable emitido por la Seremi de Salud.

Este es un requisito exigido por ley para garantizar que su operación no atenta contra la salud de las personas, especialmente de sus trabajadores, y el medio ambiente.

“Codelco debe entender que nadie está por encima de la Ley. A pesar de todas las oportunidades que tuvo, no pudo cumplir con los requisitos mínimos exigidos para obtener una simple patente municipal y resguardar la salud de las personas”, declaró el director ejecutivo de Oceana, Alex Muñoz.

A pesar que Codelco Ventanas nunca ha logrado obtener un informe sanitario favorable, en enero de 2012 la Municipalidad de Puchuncaví le otorgó una patente por un plazo de 6 meses, a la espera que cumpliera con este requisito.

Según Oceana, el único informe sanitario para esta planta, emitido por la Seremi de Salud de Valparaíso el 18 de abril de este año, es de carácter desfavorable, debido -entre otros aspectos- a que las deficiencias en los procesos de captación de los gases fugitivos que presentan las diversas plantas de la fundición, ponen en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores que operaban en la Fundición y Planta de Ácidos de la misma empresa y del ambiente exterior a ésta.

A juicio de Oceana, esta situación es aun más grave si se considera que la Municipalidad de Puchuncaví ya el 4 de agosto del año pasado había emitido un decreto alcaldicio en el que otorgaba a Codelco Ventanas un año de plazo para obtener un informe sanitario favorable.

En dicho decreto la misma autoridad municipal señala que el incumplimiento de esta disposición significaría la cancelación de la patente que le permite funcionar.

Por otro lado Oceana ha sido enfática en señalar que el Gobierno y Codelco deben resguardar los derechos de los trabajadores de la fundición en caso que se proceda a su clausura.

“Los trabajadores no tienen por qué pagar los costos de los incumplimientos de la empresa. Creemos que la Ministra del Trabajo debe ser parte de la solución de este problema y, en coordinación con Codelco, tomar todas las medidas para que los trabajadores tengan sus derechos y bienestar garantizados”, puntualizó Muñoz.