La Región de Valparaíso lidera el ránking de delitos vinculados a la extracción ilegal de recurso hídrico en zonas agrícolas, con 137 denuncias durante este año, según la Dirección General de Aguas. Provincias afectadas por la crisis hídrica, como Petorca, son las más perjudicadas.
El robo de agua en las zonas agrícolas y ganaderas se ha transformado en un problema tan común como la sequía, lo que ha perjudicado a cientos de pequeños y medianos agricultores.
Según datos de la Dirección General de Aguas, solamente en la Región de Valparaíso existen 137 denuncias por extracción ilegal de recurso hídrico y 85 inspecciones por este delito.
Nicolás Ureta, director de la entidad, indicó que en lo que va de este año la planta de fiscalizadores ha aumentado a 5, convirtiéndose en la zona que posee la más alta dotación.
La autoridad explicó que de las 8 provincias, Petorca carga con el 30% de las denuncias por robo de agua, siendo las comunas de Cabildo y La Ligua las más afectadas; posteriormente la siguen las Provincias de San Felipe y Quillota.
En esta última, ya fueron formalizadas 20 personas por extracción ilegal del vital elemento desde el canal Waddington en La Calera.
Actividad ilegal que ha despertado el malestar generalizado de los agricultores, quienes tras denunciar los ilícitos, también exigen medidas de mitigación a las autoridades ante la crisis hídrica que afecta a toda la zona central.
En la Región de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas ya ha declarado como zonas de escasez hídrica las comunas de Quilpué, San Antonio, Santo Domingo y las cuencas de los ríos Petorca, La Ligua y Aconcagua.
El Gobernador de la Provincia de San Antonio, Mauricio Araneda, informó que el torrente del río Maipo, principal afluente que los abastece, ha tenido un descenso, lo que ha obligado a iniciar una campaña con la comunidad.
Los daños producto de la sequía y el robo de agua se han visto reflejados mayormente en Petorca, por lo que diputados de la Comisión que investiga la extracción ilegal de aguas, el mes pasado anunciaron que solicitarán al Ejecutivo que se declare como zona de catástrofe.
En la misma provincia, la Dirección General de Aguas aún investiga la presencia de 65 posibles drenes ilegales.
