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Presidenta de Brasil anuncia Comisión para investigar crímenes de dictadura

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ex guerrillera en la dictadura, promulgó el viernes la creación de una Comisión de la Verdad que investigará las violaciones a los derechos humanos, ocurridas en regímenes militares (1964-1985), una medida histórica.

“El sigilo nunca más ofrecerá guarida al no respeto de los derechos humanos”, dijo la mandataria de 63 años en una ceremonia oficial.

“Es fundamental que la población, sobre todo los jóvenes y las generaciones futuras, conozcan nuestro pasado, cuando muchas personas fueron presas, torturadas y muertas”, afirmó Rousseff, que en la dictadura fue guerrillera, estuvo presa y fue torturada.

Inmediatamente acotó: “la verdad sobre nuestro pasado es fundamental para que esos hechos que mancharon nuestra historia nunca más vuelvan a ocurrir”.

La Comisión prevé sacar a la luz hechos como la desaparición forzada de personas y violaciones de derechos humanos durante un periodo de tiempo mayor al de la dictadura, de 1946 a 1988, aunque sin levantar la amnistía vigente desde 1979 que impide enjuiciar y encarcelar a los represores.

Rousseff también sancionó la Ley de Acceso a Informaciones Públicas, también aprobada anteriormente por el Congreso, y que obliga a desclasificar todo documento, incluso los ultrasecretos, después de un máximo de 50 años.

Esta ley impide que documentos referidos a violaciones de derechos humanos permanezcan eternamente secretos.

Familiares de víctimas de la dictadura han expresado sus recelos ante las dos leyes, por considerar que son tímidas frente a los pasos dados en otros países de la región, donde militares acusados de crímenes han sido procesados.

“En Argentina ha habido miles de procesos, en Uruguay se revisó la Ley de Amnistía. Brasil es el más atrasado. No tenemos esperanza, creemos que esas leyes sancionadas no traerán los hechos a la luz”, dijo a la AFP Vitoria Grabois, directora de la organización civil Tortura Nunca Más, y cuyo padre, esposo y hermano fueron víctimas del régimen militar.

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Brasil por abusos de derechos humanos y declaró sin “efectos jurídicos” la amnistía de 1979.

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