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Impuesto específico a los combustibles: Lucro gubernamental

Diego Correa en Flickr
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La semana recién pasada el precio de los combustibles tuvo un leve descenso de acuerdo a un nuevo informe semanal de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), lo que significó un pequeño alivio a los atribulados conductores que han visto seriamente afectado su economía doméstica con las constantes alzas.

El principal reclamo de los automovilistas es el vilipendiado impuesto específico a los combustibles que fue ideado con la premisa de ayudar a la reconstrucción de las principales vías del país, luego del terremoto que afectó a nuestro país el 85′ durante la dictadura militar.

Este gravamen está constituido por un componente fijo de 6 UTM por metro cúbico para la bencina y de 1,5 UTM por m3 para el petróleo diesel. Además de un componente variable que se restará del fijo dependiendo de las variaciones de los precios de referencia en donde actúa el SIPCO (Sistema de Protección ante Variaciones de Precios Internacionales de los Combustibles)*.

El SIPCO es un sistema que regula los precios hasta un 12,5% tomando como referencia el valor establecido por el Ministerio de Economía. En otras palabras, cuando el precio de los combustibles sube ese porcentaje, entra en juego este fondo para evitar un alza demasiado significativa.

En términos más simples, y tal como lo destaca Sydney Houston, director de Houston Consultores y ex Gerente General de Adico, son cerca de $200 por litro que van a parar a las arcas fiscales por el específico, dinero que es aportado por un 20% de los chilenos que usan vehículos, y que no pagan empresas navieras, aéreas o mineras, pues gozan de franquicias tributarias.

Además habría que destacar el hecho que los precios son fijados por la Empresa Nacional del Petroleo (ENAP), quien de manera monopólica vende el carburante, provocando que los consumidores sean quienes se lleven el mayor gasto a fin de cuentas.

No cabe duda que actualmente el mentado impuesto no goza de popularidad, por su efecto inmediato en el bolsillo de los contribuyentes, que no se explican cómo deben aportar dineros que son recaudados para reparar vías, cuando las principales carreteras del país son concesionadas, es decir, están en manos de privados.

El impuesto específico a los combustibles debe ser eliminado, y reemplazado por un gravamen mayor a las empresas que son quienes más ocupan combustbles, aunque sin eliminar el SIPCO, pensando en regular los precios del mercado.

Esto último, pues claramente se corre el riesgo que el mercado mantenga precios altos, e incluso que exista colusión entre los interesados, pues no hay que olvidar que los dueños de las mineras, empresas navieras y portuarias, son los mismos dueños de otras empresas como Copec, por colocar un ejemplo, que venden el carburante a los ciudadanos comunes y corrientes.

De esta forma, el Estado se aseguraría ingresos netos que no dependerían de las variabilidades de los precios. Y por último, si la excusa es no dejar de percibir dineros frescos, piensen en el royalty minero que se aprobó el 2010, que contempla una tasa de entre 4% y 9% entre los años 2010, 2011 y 2012, por un recurso natural no renovable**.

Eliminar este impuesto es un necesidad nacional, principalmente porque sus efectos son transversales en la economía del país. Del precio de los combustibles depende las tarifas de la locomoción colectiva, por colocar un ejemplo, y que tiene directa relación con el presupuesto familiar, especialmente de la clase media.

Aunque si se hila más fino, más que eliminar el específico, lo que se necesita es una reforma tributaria que intente colocar equidad en este país donde la clase media sustenta una economía dominada por los más ricos.

*Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl)

** Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (www.bcn.cl)

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