El presidente peruano Ollanta Humala, que ha dicho que impulsará una lucha sin cuartel contra la corrupción, enfrenta un escándalo político con la denuncia de un general de la policía que acusa al vicepresidente Omar Chehade de intentar favorecer a un grupo empresarial.
La denuncia fue hecha el domingo pasado por el general de la policía Guillermo Arteta, quien reveló que acudió a una cena en que el vicepresidente y también congresista Chehade “mostró interés en solucionar” el problema que afecta a la cooperativa azucarera Andahuasi, ocupada hace tres años por sus trabajadores y reclamada por el importante grupo de alimentos Wong.
Tras estallar el escándalo en la prensa, sectores de oposición acusaron desde el lunes al vicepresidente de incurrir en el presunto delito de “tráfico de influencias” y le reclaman que renuncie a su cargo de segundo vicepresidente de la República.
A su vez el Fiscal de la Nación, José Peláez, dispuso este miércoles abrir una investigación preliminar a Chehade y anunció que llamará a declarar a los implicados en el caso.
El vicepresidente, quien fue procurador anticorrupción e impulsó la extradición del ex presidente Alberto Fujimori de Chile en 2007, admitió que se produjo la cena a inicios de mes, pero negó que haya utilizado sus influencias en favor del grupo empresarial.
“Esa es una patraña, una mentira, es una venganza por haber sido pasado al retiro el general Arteta”, se defendió el acusado al subrayar que todo responde al objetivo de los grupos de oposición de dañar al gobierno de Humala, un ex militar nacionalista de izquierda.
Arteta fue pasado al retiro el 9 de este mes dentro de un grupo de 30 generales como parte de una “reingeniería” en la policía peruana dispuesta por Humala para mejorar su eficiencia y desterrar la corrupción de esa institución.
Chehade escribió este miércoles en su cuenta twitter: “Me someteré a todas las investigaciones necesarias, no tengo nada que esconder; estoy tranquilo con mi conciencia y mis antecedentes respaldan quien soy”.
En respuesta, Arteta ratificó su acusación y señaló que Chehade y un hermano suyo -también presente en la cena- trataron sobre la posibilidad de efectuar el desalojo de la cooperativa azucarera para que la ocupe el grupo Wong.
Incluso dijo que el hermano le entregó días después un documento que facilitaría el desalojo, pero que ese documento no tenía sustento judicial porque no tenía firma ni sello, y agregó que ya no conserva ese documento.
Sin embargo, Arteta aclaró que no recibió presiones para llevar a cabo el desalojo.
“Yo no fui presionado para ejecutar un operativo; eso que quede bien claro. Y si no denuncié este hecho ante mi comando es porque no lo consideré necesario porque fue una conversación y ahí se tocó el tema”, dijo.
En la cena también participaron otros dos generales de la policía, entre ellos su actual director, Raúl Salazar. Ambos serán llamados por la Fiscalía para aclarar el caso.
El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, subrayó que conversó con ambos oficiales, quienes le dijeron que no hubo tal pedido, pero que será la Fiscalía de la Nación la que determine las responsabilidades. La Comisión de Ética del Congreso también hará su investigación, añadió.
