Un verdadero terremoto político ocasionó la investigación de un programa televisivo que deja en evidencia cómo autoridades públicas facilitaron pensiones del Estado a personas que no cumplen con los requisitos.

El conocido programa de investigación mostró el mal uso de dineros públicos que se destinan anualmente al pago de pensiones vitalicias, para quienes fueron exonerados o despedidos por motivos políticos entre 1973 y 1990.

Hoy cerca de 75 mil personas reciben la pensión vitalicia; muchos cumplieron todos los requisitos legales, sin embargo, la investigación detectó cientos de irregularidades en el proceso, como falsos exonerados o personas que no cumplían con los requisitos para recibir los beneficios estatales y fueron avalados por una autoridad pública.

Se trata de millonarios recursos públicos asignados con documentación alterada y uno de los inculpados de visar certificados es el diputado por Osorno Sergio Ojeda, quien además es presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara Baja y quien avaló solicitudes de pensiones, sobre todo a ex trabajadores de la hacienda Rupanco.

Al respecto, el diputado Sergio Ojeda sostuvo que la información mostrada es falsa e injusta y que se siente honrado de haber tendido una mano a los exonerados políticos.

Además, Ojeda agregó que quienes pretenden sacarlo del camino no lo lograrán y que es una infamia decir que él ayudó a los ex trabajadores de la hacienda Rupanco para conseguir votos políticos.

En tanto, lo que se refiere a los comentarios emitidos por su secretario Aníbal Cárcamo, quien revela arreglar documentación y conseguir testigos para beneficiar a exonerados que no lo son, Ojeda sostuvo que sólo se trató de una salida de madres de Cárcamo y que ellos hicieron todos los trámites en regla y bajo la ley.

Por otra parte, el diputado demócrata cristiano por la Región de Los Lagos, Patricio Vallespín, y quien pertenece al Comité de Ética de la Cámara Baja, comentó que ésta no puede deliberar al respecto porque debe existir una presentación formal para efectuarla. Sin embargo, reveló que apoyan al diputado Ojeda, ya que todo indica que no habría faltado a la ley.

Mientras el representante de los beneficiarios Prais en Osorno, Mario González, alega que este reportaje debiese haber salido hace mucho antes y que curiosamente la señal de la televisión justo se perdió a la hora del programa. González asegura que ya es hora de que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto.

Finalmente los involucrados concordaron en que ojalá ahora se realice una investigación por parte de las autoridades competentes.