En Cañete comenzaron los alegatos de clausura del juicio contra 17 comuneros mapuche acusados de asociación terrorista. La audiencia estuvo marcada por el cambio de abogado que realizó el Gobierno como parte querellante, situación que según los voceros es tomado como un gesto de parte del ejecutivo.
Con gritos y pancartas a las afueras del tribunal de Cañete, decenas de jóvenes universitarios que llegaron desde Valparaíso apoyar la denominada causa mapuche, partieron los alegatos de clausura.
Esto, en el juicio contra 17 mapuche, varios de ellos acusados de asociación terrorista y donde el Ministerio Público pide más de 100 años de cárcel en el caso del denominado líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Por ello, y durante las primeras horas de exposición en los alegatos de clausura, el fiscal Andrés Cruz reforzó su teoría de que los imputados formaban una organización delictual para robar madera e impartir miedo en
las cercanías del lago Lleu-Lleu.
Cruz volvió a recordar que según escuchas telefónicas y testigos sin rostros buscaron probar que sí había una organización, tanto en la operatividad como en el fondo de los hechos.
Frente a ello, el defensor penal público Pelayo Vial, quién podría exponer este miércoles, indicó que en la etapa de clausura explicaran los errores y la intencionalidad de como se investigó esta causa.
En tanto, la sorpresa estuvo dada en el cambio de abogado que realizó el Ministerio del Interior, sacando a Rodrigo Piergentili, que había sobre todo en las últimas semanas, generado polémicas por la forma de actuar en estrado, dejando en su reemplazo a Guillermo Leyton.
Cambio de jurista que según la vocera Natividad Llanquileo, es un gesto del ejecutivo, pero que se debería traducir en el cambio de la forma de actuar.
Por ahora la expectativa de los familiares de los mapuche están dadas en que el Gobierno se pronuncie sobre la reformulación de terrorismo a delitos comunes, como se habría comprometido durante la huelga de hambre.
