El ministro de justicia Felipe Bulnes confirmó que someterán a una auditoría al Ministerio Público. El secretario de estado destacó que este procedimiento contribuirá a la transparencia de esta institución respecto a los resultados en el combate a la delincuencia.
Sin embargo, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, insistió que rechazan ser evaluados respecto al trabajo que realizan en materia penal, argumentando que ellos son independientes y manifestando que sería lo mismo que se evaluara los fallos que emite el poder judicial.
Chahuán en la memoria anual de la corporación administrativa del Poder Judicial sostuvo que “nosotros creemos en una revisión de procesos, estamos abiertos a ello, lo que no podemos estar de acuerdo porque es contrario a la Constitución, es que se revise o audite los criterios de prosecución penal”.
A lo anterior, la máxima autoridad del Ministerio Público agregó que “es de la esencia del sistema democrático que la Fiscalía sea autónoma y que el Poder Judicial sea autónomo”.
De esta forma explicó que pretender revisar los criterios de persecución criminal es como se controlara la forma en que fallen los jueces, lo cual atentaría contra el Estado de Derecho.
En tanto, Bulnes comentó que “no hay ningún problema de constitucionalidad, porque está fuera de discusión la autonomía del Ministerio Público. Lo que estamos planteando es que el Ministerio Público autónomamente defina sus criterios y que se audite o se haga una revisión externa en cuanto a los criterios utilizados por el Ministerio Público, para investigar o archivar alguna investigación, responde efectivamente a los criterios preanunciados por la misma institución”.
Junto con esto el secretario de Estado explicó que “la auditoría o evaluación externa que estamos planteando básicamente lo que busca es que primero el Ministerio Público explicite a la ciudadanía los criterios conforme a los cuales va a decidir investigar, archivar o no perseverar en la investigación de un delito, eso lo decide el Ministerio Público en forma completamente autónoma y la auditoría externa busca que después una autoridad externa, independiente, no vinculada al gobierno, se cerciore o acredite que esos criterios que decidió el Ministerio Público para desarrollar su gestión se estén efectivamente cumpliendo”.
