El Presidente de la Asociación Chilena de ONGs agrupadas en “Acción”, Álvaro Ramis, aseguró que es necesario que el Gobierno vete a un artículo contenido en el proyecto de Ley de manifestaciones públicas, el cual establece responsabilidades civiles para quienes las convocan ya que, a su juicio, se debe “proteger y estimular” a las organizaciones que coordinan estos actos.
Los dichos del titular de “Acción”, surgen tras el envío por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código Penal y a la Ley sobre Seguridad del Estado, lo que a juicio de la entidad “tiende a criminalizar la protesta social”, por lo que demandan el veto presidencial al artículo 4º del citado cuerpo legal.
Al respecto, Ramis explicó que “el camino para la regulación de las manifestaciones debe ser muy diferente. Se debe proteger y estimular a las organizaciones que convocan en coordinación con las autoridades públicas. Se debe ampliar la comunicación entre los convocantes y la policía antes, durante y después del evento”, propuso.
Según explicaron las ONGs la ley “en discusión no distingue entre actividades de protesta u otras de carácter deportivo, social o religioso”, lo que puede afectar a la a un club deportivo, a una procesión religiosa o una actividad de una junta de vecinos. Asimismo, se “sanciona tanto al manifestante violento como a un medio de comunicación que difundió la actividad y ni siquiera participó de la actividad”.
A juicio de las ONGs, “los efectos de la nueva ley de manifestaciones públicas reforzarán el ciclo de violencia que vuelve cada septiembre y los más perjudicados serán los ciudadanos”. (UPI)
