En medios de las polémicas que han sostenido los taxistas capitalinos por el uso de transporte a través de las empresas internacionales Uber y Cabify, la encuesta Plaza Pública Cadem aseguró que un 57% de los encuestados está de acuerdo con que las nuevas iniciativas sean implementadas.
Sin embargo, y a modo de resguardo, un 61% considera que los vehículos de transporte de dichas empresas, deben tener la misma regulación que los taxis tradicionales por parte del Estado.
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Ante lo cual, el Ministerio de Transportes se mantiene firme en su posición de no permitir este tipo de servicio que considera ilegal.
El ministro Andrés Gómez-Lobo, declaró la semana pasada que continuará la fiscalización contra los automóviles realicen este tipo de transporte informal (Uber y Cabify), que continuarán las multas que oscilan entre las 15 y 20 UTM y que seguirán retirando los vehículos “como cualquier vehículo pirata“.
Mientras que Pedro Browne, diputado del partido opositor, sostuvo que “lo que se ha logrado evidenciar es que este sistema (de transporte entre privados) ha traído beneficios, y que la gente valora que exista, por lo tanto, si ya existe y se puede perfeccionar, hay que hacerlo. Lo que no podemos hacer es oponernos a que hayan nuevas fórmulas o nuevos sistemas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas“.
Finalmente, Pedro Pablo Errázuriz, ex ministro de Transporte, aprobó la modalidad de estas empresas, argumentando que “el cambio de va a producir de todas maneras, es como prohibir internet para proteger al Fax. La tecnología ya llegó y lo que puede hacer el Gobierno es crear todos los instrumentos para facilitar esta nueva tecnología y ayudar a quienes no la tienen“.
Además, advirtió que si el servicio se suspendiera “afectaría también a los usuarios que andan de noche, que han decidido hacer un transporte más seguro y no manejan cuando toman. La escasez de vehículos en la noche fue una de las cosas que ha gatillado esto”, finalizó.
Encuesta Cadem
