British American Tobacco Chile (BAT), la tabacalera que agrupa a Kent y otras conocidas marcas de cigarrillos, anunció este jueves que cerrará sus operaciones en nuestro país, debido a la aprobación de la nueva Ley Antitabaco.
La compañía, que comercializa las marcas Kent, Lucky Strike, Dunhill, Pall Mall, Belmont y Hilton, tomó esta decisión debido a la nueva Ley Antitabaco, que fue aprobada por el Senado.
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Entre las modificaciones a la actual legislación que trae este proyecto, que aún no ha sido votado por la Cámara de Diputados, se incluyen la prohibición de vender cigarros con sabores (como los mentolados) y el aumento de la advertencia de salud en las cajetillas, que pasará a cubrir completamente las dos caras principales del paquete.
Otro punto es que todas las cajetillas pasarían a ser genéricas, sin importar la marca.
La empresa calificó estos cambios como inconstitucionales y arbitrarios, y afirmó que no son exigencias del Convenio Marco para el Control del Tabaco, como había dicho el Congreso.
La compañía también aseguró que el Estado de Chile tendrá que indemnizar a la industria, debido a que con esta medida se expropian derechos marcarios y de uso, así como por “la expropiación de derechos consagrados en la Constitución”.
Respecto al proceso, BAT Chile precisó que iniciarán “el proceso de cierre de sus operaciones de tabaco en las regiones V, VI VII y VIII (Valparaíso, O’Higgins, Maule y Bío Bío), tan pronto la legislación sea aprobada”.
Asimismo, se evaluará de manera inmediata la continuidad de la fábrica ubicada en Casablanca, “cuya complejidad de producción no se justifica con una comoditización del producto”.
“La primera consecuencia de corto plazo, será la reducción de al menos un 20% de los puestos de trabajo“, añadió la empresa.
En ese sentido, BAT recalcó que “ésta es la primera vez en la historia económica del país que una ley, en la práctica, ordenaría el cierre de una operación empresarial lícita”.
De igual modo, de acuerdo a estimaciones de la empresa, esta nueva legislación antitabaco también afectaría al Fisco, ya que si se implementan los cambios, la recaudación pública anual bajaría en 400 millones de dólares (258.400.000.000 pesos chilenos).
