El gobierno español dió un paso adicional en el conflicto que le opone al ejecutivo catalán al impugnar este viernes la simbólica votación sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitucional, que ya suspendió el referéndum convocado inicialmente.
Esta votación, organizada por voluntarios y carente de censo electoral y órgano supervisor, había sido planteada por el presidente regional Artur Mas como la opción alternativa para que los catalanes pudieran opinar sobre su relación política con España a pesar de la fuerte oposición de Madrid.
Aun así, mantenía rasgos del referéndum consultivo suspendido como la población llamada a votar, los mayores de 16 años, y la doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
Aunque en un principio el ejecutivo conservador español de Mariano Rajoy pareció menospreciar esta iniciativa, esta semana decidió iniciar los trámites para impugnarla porque, según un informe del Consejo de Estado, no se ajusta a la legalidad ni cumple con las garantías democráticas.
Tras el consejo de ministros del viernes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el acuerdo de “plantear la impugnación al Tribunal Constitucional, al que solicitamos la suspensión de las actuaciones de la Generalitat (gobierno catalán, ndlr) relativas a las actuaciones del 9 de noviembre”.
“El recurso se presentará inmediatamente”, añadió. La admisión a trámite del recurso por parte del alto tribunal implicará la suspensión automática de esta votación muy esperada en esta rica región del noreste de España donde el independentismo ha ganado mucho terreno desde 2010.
Fue respondiendo a este clamor, reflejado en multitudinarias protestas secesionistas en esta rica región de 7,5 millones de habitantes, que el antaño moderado Artur Mas se comprometió a celebrar un referéndum consultivo sobre la independencia.
Mas lo convocó el 27 de septiembre, pero solo dos días después el proyecto fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno español. Tras dos semanas de tensión, Mas decidió dar marcha atrás en su proyecto para evitar entrar en la ilegalidad y poner en riesgo a los funcionarios públicos encargados de la organización.
Sin garantías constitucionales
Este retroceso indignó a los sectores independentistas más radicales, especialmente a sus hasta entonces aliados, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partidarios de la “desobediencia civil” y con cada vez más adeptos entre la ciudadanía catalana según apuntan los sondeos.
A cambio, Mas propuso esta votación simbólica sin apenas valor legal pero con un notable valor político si muchos de los 5,4 millones de catalanes llamados a votar, lo hacen.
“Esta es una oportunidad para dar un paso de gigante hacia la consulta definitiva” que deberían ser unas elecciones con una lista unitaria de los partidos independentistas, dijo Mas. “Necesitamos a más gente que nunca”, añadió.
Pero aunque el gobierno catalán jugó al despiste al no convocar oficialmente la votación ni aprobar ningún documento relacionado para evitar una nueva impugnación, la reacción del Estado llegó tras un informe el jueves del Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa, muy crítico con los planes de Mas.
Dicho informe destaca que este proceso tiene “elementos idénticos” a los del referéndum suspendido e, incluso, eleva “los vicios de inconstitucionalidad” de la primera votación al omitirse “algunas de las más elementales garantías constitucionales” como el censo, una órgano supervisor o la neutralidad de los promotores.
Esta nueva impugnación agranda todavía más las distancias entre Barcelona y Madrid, sumidas desde hace dos años en la discusión sobre si Cataluña tiene derecho a decidir sobre su independencia.
Lejos de solucionarlo, esta medida del gobierno español puede incentivar todavía más a los nacionalistas catalanes, mucho de los cuáles se muestran dispuestos a votar el próximo domingo con o sin suspensión.
“Se puede parar la vía gubernamental, pero la actuación de la ciudadanía es imposible porque es un ejercicio de libertad”, apunta el jurista Xavier Arbós, de la Universidad de Barcelona.
“Además, eso propulsaría el argumentario independentista. El independentismo busca la fotografía de un guardia civil arrebatando la urna o la papeleta a una jovencita inocente y encantadora”, explica.
