El pasado 27 de febrero el gobierno publicó el Decreto Supremo 14 que permite a los funcionarios públicos borrar los correos electrónicos.
La norma –revelada por El Mostrador- modifica un reglamento y deroga una serie de decretos, entre ellos, el número 77 del 2004. Éste obligaba a todos los empleados estatales a conservar por 6 años todo tipo de comunicaciones electrónicas durante el ejercicio de sus funciones.
El propio Presidente Sebastián Piñera salió a defender la medida, explicando que los funcionarios solo podrán borrar los correos de carácter personal.
Sin embargo, durante la tarde se conoció la información que la Fiscalía Centro Norte ordenó a algunas de las reparticiones de gobierno no borrar sus correos por existir investigaciones en curso, tales como Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Vivienda.
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez indicó que la orden será respetada y acogida por el Ejecutivo.
Por su parte, el futuro vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde señaló que este decreto constituye un retroceso de los avances en materia de transparencia que se habían logrado en los últimos años, valorando además la orden de la Fiscalía.
El senador del PPD Ricardo Lagos Weber manifestó que el gobierno saliente debe dar una muy buena explicación para justificar este decreto.
El ex candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enriquez-Ominami, dijo que medidas como ésta son parte de las viejas prácticas políticas alejadas de la tendencia a la transparencia activa.
El diputado demócrata cristiano Ricardo Rincón estimó que esta medida contradice las afirmación del gobierno sobre que está actuando con máxima transparencia para el cambio de mando.
