La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisible una querella criminal por tortura que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había interpuesto contra el fiscal Sergio Coronado y que había sido rechazada en primera instancia por el Juzgado de Garantía de la capital regional.
La resolución del máximo tribunal puertomontino guarda relación con el presunto delito de tortura en el cual habría incurrido el fiscal Coronado en contra de Milton Hernández Vargas, el denominado testigo clave en el caso de la desaparición de Mariela Barra Díaz, a quien habría presionado para que confesara su autoría en el crimen de la mujer de 42 años, cuyo cuerpo se mantiene desaparecido desde el 23 de junio de 2011.
La querellada criminal había sido interpuesta el 9 de agosto de 2012 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, querella que había sido declarada inadmisible el pasado 9 de enero por la magistrado Mónica Sierpe del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, por considerar que la investigación no había logrado acreditar a la fecha el delito imputado.
Sin embargo, esta decisión de primera instancia fue revocada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por considerar que la querella sí reune los presupuestos establecidos en el artículo 113 del Código Procesal Penal, no concurriendo por el contrario ninguna de las hipótesis señaladas en el artículo 114 que posibilitan la declaración de inadmisibilidad de la acción.
Al respecto y sin olvidar que se presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, espera que la investigación demuestra la inocencia del testigo en la desaparición de la mujer y, además, aclare el actuar que tuvo el fiscal en cuestión.
Esto implica que el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede continuar como parte querellante en la investigación del caso que encabeza el fiscal jefe de la región de Los Ríos, Rafael Mera, en representación del Ministerio Público por instrucción expresa del fiscal nacional Sabas Chaguán.
