La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Brasil que suspenda inmediatamente la construcción de la represa de Belo Monte, en plena Amazonía, y que consulte con los pueblos indígenas afectados, según un comunicado difundido este martes.

La CIDH solicitó “que el Gobierno de Brasil suspenda inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte y que impida la realización de cualquier obra material de ejecución”, según el comunicado enviado a la AFP.

La Comisión difundió inicialmente la versión de que sólo había pedido a Brasil que aplique “medidas cautelares” de protección para una docena de pueblos indígenas, entre ellos comunidades que viven en aislamiento voluntario en la cuenca del río Xingú, donde se tiene planeada la megaobra.

Las peticiones de la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), no obligan legalmente a los Estados miembros.

“La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica”, explicó el texto.

El gobierno brasileño reaccionó y se declaró a su vez “perplejo” y consideró “precipitadas e injustificadas” las medidas solicitadas.

La CIDH pidió que la consulta con los pueblos indígenas sea “previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo”.

“Adicionalmente, la CIDH solicitó al Estado garantizar que (…) las comunidades indígenas beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, incluyendo la traducción a los idiomas indígenas respectivos”, añadió el comunicado.

“Están siendo observadas con rigor absoluto las normas pertinentes para que la construcción -de la hidroeléctrica- tenga en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales”, aseguró la cancillería brasileña en su comunicado.

Indígenas, pobladores tradicionales del lugar y ambientalistas que se oponen al proyecto celebraron la decisión de la Comisión Interamericana y lamentaron la reacción del gobierno.

“Es lamentable que Brasil se manifieste de forma tan arrogante en relación a la decisión de la CIDH de la OEA. La Nota (de la cancillería) revela un Brasil incapaz de lidiar con decisiones internacionales desfavorables”, indicaron representantes de grupos indígenas en una nota divulgada a la prensa.

La posición expresada en la nota gubernamental, afirmaron los grupos indígenas, revela “el tratamiento autoritario” adoptado por el gobierno en el caso de la usina de Belo Monte, y la “ignorancia o desconocimiento” de la cancillería sobre el sistema interamericano de Derechos Humanos.

“Hoy, más que nunca, tengo la seguridad de que teníamos razón de denunciar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del Xingú, y continuaremos firmes y resistentes en esta lucha”, había dicho anteriormente la líder indígena local Sheyla Juruna.

El gobierno “ya no puede usar el desarrollo económico como disculpa para ignorar los derechos humanos y hacernos tragar proyectos de destrucción y muerte de nuestros recursos naturales”, declaró de su lado Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo.

Con 11.200 MW de potencia que serán equivalentes al 11% de la capacidad instalada del país, y un costo de 11.000 millones de dólares, la gigante represa pretende ser la tercera mayor del mundo en capacidad, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.

La hidroeléctrica recibió en enero autorización ambiental para iniciar las obras. Según datos oficiales, el proyecto empleará 20.000 personas directamente en la construcción, inundará un área de 500 km2 junto al río Xingú y acarreará 16.000 desplazados.

El proyecto tiene detractores internacionales famosos, como el cantante británico Sting, que en 2009 invitó al líder indígena Raoni al palco durante un concierto en Sao Paulo, y el director de la taquillera película Avatar, James Cameron, que ha viajado a la zona.