En prisión preventiva en Temuco, quedó un hombre investigado por estafas reiteradas y uso malicioso de instrumento público falso, además de mantención y uso de timbres falsos, con lo que habría estafado a numerosos beneficiarios de la denominada Ley Valech destinada a prisioneros políticos y torturados en la dictadura.
Documentos Falsificados
La denuncia por irregularidades detectadas en los beneficios de la citada Ley, que en junio de 2010 presentó ante el Ministerio Público el gobernador de Cautín, Miguel Mellado Suazo, permitió a personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Temuco, detener en su oficina de calle Bandera en pleno centro de Santiago, a Julio del Carmen Allendes Allendes de 59 años de edad.
La citada persona, según el fiscal Cristian Crisosto, entre 2007 y 2010 habría llegado a Temuco, Loncoche y Villarrica a contactar a beneficiarios de la citada legislación, haciéndose pasar por funcionario del Ministerio del Interior y asesor de gestiones previsionales.
Allendes cobraba entre 72 mil pesos y 2 millones 340 mil pesos a quienes, sin saber que los trámites para optar a los beneficios de la Ley Valech son gratuitos, pagaban al hombre, quien lejos de ayudar a sus víctimas, ingresaba el dinero a su patrimonio.
Preliminarmente se han identificado 16 personas de Temuco y Loncoche, como víctimas del ahora detenido, en cuyo poder se encontraron además, documentos de personas residentes en ciudades como Arica, Santa Cruz y Valparaíso, por lo cual, no se descarta que existan más afectados en el país.
Entre las irregularidades que denunció el gobernador de Cautín, se incluyen relatos escritos, donde los postulantes narraban situaciones de detención y tortura de los cuales habrían sido víctimas durante la dictadura.
Estos antecedentes extrañamente no coincidían con la entrevista cara a cara que les realizaban los profesionales a cargo de la Comisión en la región y cuya verdadera y única oficina funciona en la propia Gobernación.
La autoridad provincial confirmó que se están analizando las medidas administrativas a seguir para revisar los relatos ya presentados a la Comisión y verificar su veracidad, además de estudiar acciones judiciales contra el detenido.
