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La Fiscalía de Talca se encuentra esperando los diversos informes que emitan diversos servicios públicos, en torno a la situación originada el 27 de febrero, día del terremoto, en Pencahue, cuando el relave de una empresa minera colapsó, generando un alud que dejó a 4 personas muertas y una posible afectación de esteros y cursos de agua del lugar, por el derrame de líquidos industriales contaminados.

La situación originó la acción penal, luego de que Carabineros de Pencahue presentaran los antecedentes a la Fiscalía. Tras ello, el fiscal especializado en investigar delitos medioambientales, Miguel Ángel Orellana, solicitó informes especializados a peritos de la Brigada del Medio Ambiente (Bridema) de la PDI, sumado a diversas informaciones queden emitir el SAG, la Dirección de Aguas, la Corema y el Sernageomin.

Estos servicios participaron en las últimas horas en una reunión de coordinación que se realizó en dependencias del Regimiento de Infantería Nº 16 Talca, donde se abordó la emergencia medioambiental y los requerimientos investigativos de la Fiscalía.

El terreno que se desprendió por el colapso del relave dejó bajo el lodo una vivienda donde vivía una familia compuesta por Alejandro Gálvez Caroca de 49 años, su mujer María Angélica Chamorro de 42, y sus hijas María Angélica (8) e Isabel (4), los que fallecieron en el lugar.

Además, hay un terreno que abarca entre 3 a 4 hectáreas que habría recibido compuestos químicos, como cianuro, plomo, zinc y mercurio. El nivel de cada uno de los metales y las implicaciones medioambientales que puedan provocar están bajo análisis.