¿Qué es la prevaricación? El delito que se le imputa a jueza por liberación de sicario venezolano

Durante la noche de este miércoles, se dio a conocer que la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez —vinculada a la liberación del sicario del “Rey de Meiggs”— fue imputada por el delito de prevaricación culposa, ¿qué significa esto?

En pocas palabras, la prevaricación ocurre cuando una autoridad —en este caso un juez— actúa o dicta resoluciones injustas o contrarias a la ley. Generalmente, esto ocurre a sabiendas de que se actúa de forma ilegal.

Según explican desde el Ministerio Público, en Chile, existen tres formas principales de prevaricación: judicial, administrativa y del abogado. En el caso de la jueza Rodríguez, estamos hablando de prevaricación del tipo judicial. “En términos generales, puede agruparse bajo esta denominación un conjunto de delitos que comete un juez que falten sus deberes”, indican.

El delito de prevaricación en Chile

Aunque a la prevaricación se le suele atribuir el dolo o intencionalidad de por medio —es decir, cuando la autoridad sabe perfectamente que no está actuando conforme a la ley—, también hay casos donde esta no tiene necesariamente esa intención, pero aun así termina causando una injusticia grave.

En el caso particular de la jueza Rodríguez, a ella se le imputa el delito de prevaricación culposa. Esto significa que se habría dictado una resolución actuando con negligencia grave o ignorancia inexcusables.

Recordemos que la jueza habría jugado un rol importante en la liberación de Carlos Alberto Mejía Hernández, uno de los homicidas de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. El hombre logró escapar del país y actualmente se encuentra prófugo.

En caso de comprobarse su culpabilidad, el artículo 224 del Código Penal indica que las penas podrían incluir la inhabilitación temporal total para ejercer cargos u oficios públicos, en cualquiera de sus grados, y una pena de presidio o reclusión que puede ir desde el grado mínimo al medio.

Lo anterior, ya que se entiende que este tipo de delitos debilita la confianza pública en las instituciones y el sistema judicial, por lo que constituye una falta grave a la ética y al deber de quienes ejercen cargos de autoridad.