La Fiscalía Oriente amplió la investigación -hasta ahora desformalizada- en contra de la Empresa Nacional el Petróleo (ENAP), luego que la Contraloría revelara la existencia de un millonario contrato de asesoría, del cual no existe constancia de su ejecución.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío, confidenciaron que el Ministerio Público ofició al organismo de control, para obtener una copia del informe de auditoría 622 del pasado 7 de junio, en donde ordenó un sumario, luego de acreditar un pago de 18 millones de pesos al abogado Eduardo Loyola -ligado al PS-, quien habría actuado como mediador entre la empresa y los trabajadores, para la negociación colectiva de 2015.
En la auditoría la entidad revisora acreditó la inexistencia del informe por escrito que Loyola debía entregar a la empresa para obtener la cancelación de los honorarios.
Loyola fue contratado por el entonces gerente de Recursos Humanos (RRHH), Pablo Velozo, militante del PS, para realizar dicho trabajo por 30 millones de pesos inicialmente, tal como revela el documento al que accedió este medio. La formalización para la prestación de servicios comenzó a operar el 5 de junio de 2015 y se extendería hasta octubre del mismo año.
Cuando Loyola supuestamente hacía gestiones con los sindicatos para llegar a acuerdos con la empresa, Velozo renunció para asumir como secretario general del Partido Socialista.
A Velozo lo reemplazó en la gerencia de RRHH Javier Fuenzalida, otro cercano al PS, quien finiquitó el contrato de Loyola el 4 de agosto, atendido a que la negociación colectiva terminó antes de lo previsto. Por esta razón, Loyola, un reconocido lobbista, recibió solo 18 millones de pesos.
El documento establecía claramente que el pago solo se efectuaría “contra la recepción y aprobación por parte de la gerencia de RRHH del informe profesional, que dé cuenta de las actividades de asesorías realizadas en el período de vigencia del contrato”.
Pues bien, cuando el organismo fiscalizador requirió la documentación, la actual administración de la ENAP respondió que este no existía.
Aún cuando la Fiscalía no ha definido el posible delito con el que caratulará esta nueva arista, fuentes de la entidad indicaron que podría existir un eventual fraude al fisco.
Los amigos
Pablo Velozo llegó a la ENAP después de trabajar como jefe de gabinete con Álvaro Elizalde, cuando este último se desempeñó como ministro secretario general de Gobierno, en la última administración Bachelet.
Fuenzalida, en tanto, es cercano a ambos. Los tres se conocen bien. Son amigos.
Entre 2005 y 2008 Fuenzalida fue titular de la Superintendencia Seguridad Social (Suceso). Cuando Fuenzalida renunció al puesto ese 2008, fue contratado de inmediato por la Asociación Chilena de Seguridad, entidad fiscalizada por la Suceso. De ahí saltó a la ENAP, reemplazando a Velozo.
Quien asumió el cargo de Fuenzalida en la entidad de seguridad social fue Álvaro Elizalde, actual presidente del PS.
Actualmente, Veloso es el presidente del Tribunal Supremo de la colectividad. Y aún cuando presentó su renuncia hace pocas semanas, esta no se ha hecho efectiva.
Gastadero de plata
La determinación de la fiscalía de ampliar el caso hacia la asesoría prestada por Loyola, se enlaza con otra indagatoria abierta: la venta de las oficinas que la ENAP tenía en Vitacura por 18 millones 300 mil dólares.
Con ese dinero la estatal no compró dependencias nuevas, sino que prefirió arrendar por 15 años un edificio ubicado en Apoquindo 2929, en el barrio El Golf.
Para la empresa esa sola acción implicará un gasto de 26 millones 600 mil dólares, sin contar otros 5 millones 800 mil dólares que la petrolera usó par habilitar las oficinas. En otras palabras, ENAP gastará finalmente un 44 % más en esta operación.
El hecho fue cuestionado también por la Contraloría que en un informe evacuado en enero de 2018 y que reveló Radio Bío Bío.
Otra de las observaciones que formuló el organismo fiscalizador fue que la entonces directora de ENAP, María Isabel González, en representación de la Corfo, estaba ligada a una sociedad en la que participaban sus hijas y su exmarido. Dicha relación comercial le permitió a la firma obtener nada menos que 131 millones de pesos con cargo a la estatal.
De acuerdo a ese informe la mujer incumplió gravemente la probidad, al no transparentar el vínculo, tal como lo establecen los lineamientos internos de la ENAP.
