La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, anunció este miércoles el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley denominado “Cautelares Reforzadas”, iniciativa que busca fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y violencia contra las mujeres.
La propuesta fue presentada junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael. El proyecto modifica normas de distintas leyes, entre ellas las relacionadas con violencia intrafamiliar, tribunales de familia, monitoreo telemático, seguridad municipal y el Código Procesal Penal.
Según explicó Marín, la iniciativa busca establecer mayores consecuencias para quienes incumplan medidas cautelares o destruyan o inutilicen dispositivos de monitoreo telemático.
“Necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”, sostuvo la ministra.
Uno de los principales cambios apunta a evitar vacíos de protección cuando una causa pasa desde un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía debido a la existencia de antecedentes que podrían constituir un delito.
El proyecto establece reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven eventuales conflictos de competencia entre ambos tribunales. Además, contempla un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal para definir responsabilidades y asegurar la continuidad de las medidas de protección.
Nueva cautelar para el hostigamiento digital
La propuesta también incorpora una nueva medida cautelar para enfrentar el hostigamiento y acecho a través de medios digitales.
De esta forma, una persona podría quedar impedida de contactar, amenazar o acosar a la víctima, sus hijos o hijas mediante redes sociales, plataformas digitales u otros medios. La medida busca complementar las actuales prohibiciones de acercamiento físico, que no necesariamente impiden este tipo de agresiones.
El ministro Rabat destacó que la iniciativa aborda una forma de violencia que, según señaló, tiene consecuencias psicológicas y que en algunos casos puede derivar en agresiones físicas.
Además, los tribunales deberán pronunciarse sobre medidas de protección para niños, niñas y adolescentes cuando corresponda.
“Cautelares reforzadas”
El proyecto amplía las herramientas para fiscalizar el cumplimiento de las medidas cautelares, incluyendo la participación de inspectores de seguridad municipal en labores de control en terreno.
También elimina el requisito de formalización para acceder al monitoreo telemático y establece consecuencias para quienes intencionalmente retiren, destruyan o inutilicen estos dispositivos. A su vez, obliga a informar a Gendarmería sobre las resoluciones vinculadas con su utilización.
Otra modificación del proyecto “Cautelares Reforzadas” establece que el incumplimiento de medidas cautelares, como una prohibición de acercamiento o contacto, deberá ser considerado por los tribunales al evaluar la procedencia de la prisión preventiva.
La norma no establece que el incumplimiento implique prisión preventiva de manera automática, sino que obliga a ponderar la gravedad y las circunstancias de cada caso.
Finalmente, la iniciativa contempla que, en tribunales de garantía integrados por más de tres jueces, se pueda designar a uno para conocer preferentemente causas de violencia intrafamiliar. El objetivo es favorecer una mayor especialización y continuidad en la tramitación de estos casos.
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