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El Senado completó la votación en particular del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y desarrollo económico y social, conocido como megarreforma, tras una larga sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada. La iniciativa fue aprobada con 26 votos del oficialismo contra 24 de la oposición en los puntos clave. Se discutieron rebajas en el impuesto a grandes empresas, exención de contribuciones para mayores de 65 años, restitución de gastos por proyectos ambientales revocados, invariabilidad tributaria y tasa corporativa, entre otros temas.
El Senado concluyó la votación en particular del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y desarrollo económico y social, denominado como megarreforma, después de una extensa jornada que se prolongó hasta las 02:40 horas de la madrugada de este jueves.
La iniciativa, que ahora retorna a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, fue aprobada con los 26 votos del oficialismo frente a 24 de la oposición en la mayoría de las normas clave.
Las y los senadores votaron cada uno de los artículos del proyecto, que consta de 38 artículos permanentes y 25 artículos transitorios. Durante el debate se presentaron múltiples reservas de constitucionalidad por parte de legisladores de oposición y del propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes advirtieron sobre posibles infracciones a la Constitución en diversas materias.
El proyecto había sido estudiado previamente por las comisiones de Medio Ambiente, de Trabajo y de Hacienda. Luego de siete horas de debate en general, la Sala comenzó alrededor de las 22:30 horas la votación del articulado, en un proceso que se extendió por varias horas y generó un intenso intercambio de posturas entre oficialismo y oposición.
Rebaja del impuesto de primera categoría
Uno de los puntos centrales de la votación fue la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas. Sobre esta medida se pidieron votaciones separadas, argumentándose que la reducción no asegura mayor inversión ni crecimiento. Con todo, se aprobó con 26 votos a favor y 24 en contra.
La norma establece una rebaja gradual del IDPC del 27% actual al 23%. El cronograma aprobado fija una reducción a 25,5% para el año 2027, a 24% para 2028 y la tasa permanente de 23% desde el año comercial 2029 en adelante. Sobre el régimen tributario de las grandes empresas y la reintegración gradual del sistema tributario, se respaldó con la misma votación anterior lo aprobado en la Comisión de Hacienda.
Esta medida generó cuestionamientos entre los senadores de oposición, quienes plantearon que la rebaja no tiene garantías de traducirse en mayores niveles de inversión. No obstante, el oficialismo defendió la iniciativa como un incentivo necesario para dinamizar la economía y generar empleo.
Exención de contribuciones para mayores de 65 años
Otro de los artículos que generó un extenso debate fue la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Se votó primero la admisibilidad de indicaciones y luego el artículo completo, que incluye los requisitos asociados a este beneficio. La norma se aprobó con 28 votos a favor y 22 en contra.
Durante la discusión, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo reserva de constitucionalidad respecto a esta materia, cuestionando los efectos que la medida podría tener en la recaudación municipal.
En tanto, el Ejecutivo propuso una compensación al Fondo Común Municipal (FCM) y a los municipios directamente, pero en la votación solo se aprobó la compensación al FCM.
Esta decisión dejó abierta una de las principales críticas de la oposición, que advierte sobre un posible desfinanciamiento de los gobiernos locales. La exención tributaria para adultos mayores fue defendida por el oficialismo como una medida de alivio para un sector vulnerable de la población.
Restitución de gastos por proyectos ambientales revocados
En materia ambiental, el senador Alfonso de Urresti (PS) hizo reserva de constitucionalidad respecto a la restitución de gastos a aquellas empresas cuyos proyectos hayan sido revocados en una Resolución de Calificación Ambiental. Varios senadores de oposición hicieron ver que esta medida “es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes“.
Pese a las críticas y a las reservas formuladas, se aprobaron los artículos relacionados con esta materia con 26 votos a favor y 24 en contra. La senadora Claudia Pascual (PC) y el senador Diego Ibáñez (FA) también hicieron reserva de constitucionalidad sobre este punto, argumentando que la norma podría afectar los mecanismos de protección ambiental vigentes.
Esta disposición generó especial controversia porque permite a las empresas recuperar gastos en proyectos que fueron rechazados por razones ambientales. La oposición sostuvo que se trata de un beneficio excepcional que no tiene contraste en la legislación.
Invariabilidad tributaria y tasa corporativa
La Sala también sometió a análisis la invariabilidad tributaria, respecto de la cual el senador Juan Luis Castro (PS) y la senadora Claudia Pascual hicieron reserva de constitucionalidad. Con todo, la Sala aprobó la norma con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
La propuesta establece que las condiciones impositivas se fijarán en 10 años para las inversiones de 50 millones de dólares, en 15 años a las de entre 50 y 350 millones, y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango. Habrá una tasa corporativa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad.
Este mecanismo busca entregar certeza jurídica a los grandes inversionistas, pero fue cuestionado por la oposición por considerarlo un privilegio excesivo que reduce la capacidad recaudatoria del Estado. El oficialismo, en cambio, lo defendió como una herramienta clave para atraer capitales y fomentar el crecimiento.
Reservas de constitucionalidad del ministro Quiroz
Dentro de las normas aprobadas también se encuentran temas relacionados con la relocalización de las concesiones acuícolas y su evaluación de impacto ambiental. Además, se aprobó la reducción de los plazos de invalidación de actos administrativos y las facultades a la Dipres para acceder a datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre otras disposiciones.
En tanto, se apoyó una indicación del Frente Amplio que se introdujo en el primer trámite, que busca terminar con la obligación exclusiva para empresas con 20 o más mujeres a entregar el derecho de sala cuna. También corrió la misma suerte una norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés.
Sobre ambos temas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad por no responder a las ideas matrices del proyecto. El secretario de Estado también hizo ver problemas en una indicación de autoría de la senadora Daniella Cicardini que fue aprobada en la Comisión de Hacienda.
Derecho al olvido en materia financiera
La indicación de la senadora Daniella Cicardini (PS) dice relación con el llamado derecho al olvido, por medio del cual “los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido”.
Esta norma fue respaldada en la Sala, tras lo cual el ministro hizo nuevamente reserva de constitucionalidad. La oposición defendió la medida como un avance en la protección de los datos personales de los deudores, mientras que el Ejecutivo advirtió que podría afectar el sistema de evaluación crediticia.
El derecho al olvido financiero se suma a otras modificaciones al Código Tributario incluidas en el proyecto, que buscan modernizar el sistema y entregar mayores garantías a los contribuyentes. Sin embargo, las reservas del ministro dejaron abierta la posibilidad de futuras impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
Megarreforma y eventual escenario de Comisión Mixta
Ahora la propuesta con discusión inmediata volverá a la Cámara Baja para que curse su tercer trámite constitucional. Así las y los diputados deberán revisar los cambios introducidos en el Senado y decidir si los ratifican o los rechazan.
De ser ratificados los cambios, la norma quedaría en condiciones de ser promulgada como ley. De lo contrario, debería conformarse una Comisión Mixta compuesta por senadores y diputados para zanjar las discrepancias entre ambas cámaras. Este escenario podría alargar aún más la tramitación de la megarreforma.
El oficialismo confía en que la Cámara de Diputados respaldará los ajustes realizados en el Senado, mientras que la oposición ya anunció que presentará requerimientos al Tribunal Constitucional (TC). En esa línea, el senador De Urresti confirmó que a más tardar el próximo lunes 20 de julio presentarán las impugnaciones en materia ambiental, de invariabilidad y otros aspectos.
