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Julio marca una nueva etapa en la agenda laboral del gobierno de José Antonio Kast. La primera estuvo marcada por acciones poco visibles del Ejecutivo, como el retiro del proyecto sobre negociación colectiva multinivel, el retiro del veto de la Ley Integral de Personas Mayores -incorporando así un contrato especial con horarios flexibles e incluso la posibilidad de suspensión del vínculo-, lo que se suma al retiro del decreto de modificación del procedimiento de la Ley Karin, para luego anunciar medidas “administrativas” respecto de ésta.
Misma lógica ha seguido la Dirección del Trabajo. En tan solo 3 meses, ha establecido criterios clave en materia individual y colectiva bajo el slogan de la “desideologización”. Un ejemplo es la ley de 40 horas. Si bien no se pudo implementar la reducción proporcional de la jornada en minutos dado que la Ley N°21.755 interpretó esa materia, sí se modificó la interpretación sobre el proceso de negociación de un acuerdo entre sindicato y empresa, y, más importante, se flexibilizaron los criterios para calificar la excepción de jornada, ampliando el rango de quienes pueden estar bajo “artículo 22 inciso segundo” y por tanto excluidos de jornada y del pago de horas extraordinarias.
En cuanto a negociación colectiva, en estos meses la DT estableció que la calificación de los servicios mínimos impide el inicio del proceso, señaló que el silencio de la comisión negociadora sindical sobre impugnaciones implica su allanamiento y cambió la interpretación sobre el caso de los trabajadores afectos a un instrumento colectivo que quieren participar en un nuevo proceso.
Pero en esta nueva etapa el Ejecutivo da el paso al frente junto con actores claves en este periodo: organizaciones gremiales del empresariado y expertos. Las declaraciones de la presidenta de la CPC y la Cámara de Comercio de Santiago sobre feriados irrenunciables, cesión de vacaciones y entrega de facultades de disolución de sindicatos, respectivamente, se suman a las medidas propuestas por la SOFOFA: flexibilizar ciclos de jornada, contratos por hora, así como indemnización a todo evento financiada por los trabajadores.
Y como guinda de la torta llegan las recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral, que insisten en cuestiones como los promedios semanales de hora, la polifuncionalidad y la modificación de la indemnización por años de servicio.
Luego de esto, Quiroz habla precisamente de jornadas laborales promediadas y polifuncionalidad y Rau declara que se está pensando en una propuesta sobre fondos para indemnización a todo evento, reactivando además el proyecto sobre contratos por hora. Las organizaciones empresariales y afines plantean la agenda legislativa y las autoridades las recogen sin tener que desgastarse ni tener que afrontar la crítica directa.
Bajo la consigna genérica de “crecimiento” las propuestas giran en dos planos. Primero rebajando mínimos legales para los trabajadores como lo son tener certeza sobre la jornada ordinaria de trabajo, su duración, la claridad sobre las funciones que se deben realizar e incluso el monto de la indemnización frente al despido, abriendo además la posibilidad de financiamientos compartidos frente a esta y otras contingencias.
La segunda, y más profunda, es que este tipo de medidas traspasa a cada trabajador y trabajadora riesgos que normalmente recaen sobre la empresa, como lo es la planificación del tiempo de trabajo, costos de contratación y de despido, invirtiendo la definición clásica de la empresa, donde no solo los beneficios son del dueño, sino también los costos.
Frente a este panorama de operación en distintos niveles, se hace necesario volver a poner al centro de la discusión la pregunta por un modelo de empleo que procure un análisis serio de todos los factores que influyen en él. Se debe abrir el debate sobre el equilibrio entre crecimiento y condiciones laborales, dejando de recurrir a las segundas como única forma de procurar la primera. No es efectivo que flexibilizar las relaciones laborales garantice mayor crecimiento ni tampoco es cierto que mayor crecimiento garantiza más y mejor trabajo. Desarticular esta estrategia requiere una respuesta clara que revele la agenda real del gobierno y la someta, de una vez, al debate público riguroso.
José Ignacio Portiño
Abogado
Presidente de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores
