¿Qué queda cuando el Estado falla?

Solo entre marzo y mayo de este año se registraron 154 casos de intoxicación (de los cuales 108 corresponden a niños, niñas y adolescentes) que requirieron atención médica en establecimientos educacionales en dos comunas de la región de Valparaíso. La cifra, por sí sola, debería ser suficiente para provocar una reacción inmediata del Estado y movilizar a toda la institucionalidad pública. Sin embargo, en Quintero y Puchuncaví las intoxicaciones, las alertas ambientales y las emergencias sanitarias parecen haberse transformado en una dolorosa normalidad. Lo que en cualquier otro territorio sería considerado una crisis excepcional, en la bahía se ha convertido en parte de la vida cotidiana de comunidades que llevan décadas pagando el costo humano, social y ambiental del desarrollo industrial chileno.

La persistencia de estos episodios constituye una evidencia contundente del fracaso de sucesivos gobiernos para resolver de manera estructural uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos del país. A pesar de los planes de descontaminación, las mesas de trabajo, los compromisos públicos y las reformas regulatorias impulsadas durante los últimos años, los habitantes de esta zona de sacrificio continúan enfrentando riesgos permanentes para su salud y su calidad de vida. El derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado desde hace décadas en nuestro ordenamiento jurídico, sigue siendo para miles de personas una garantía más declarativa que efectiva.

Esta historia de abandono del Estado no es casual, sino el resultado de decisiones territoriales adoptadas durante décadas, que concentraron en la bahía una gran cantidad de industrias energéticas, químicas y portuarias bajo la lógica de maximizar ventajas productivas y crecimiento económico. En ese proceso, el territorio fue concebido principalmente como un espacio para la actividad industrial, mientras las comunidades locales quedaron subordinadas a una ecuación donde el desarrollo económico nacional tuvo prioridad sobre la protección ambiental, las consideraciones sanitarias y la preocupación por el bienestar de las personas.

Sin embargo, la historia reciente de Quintero y Puchuncaví también muestra otra dimensión que merece ser destacada: la capacidad de las comunidades para organizarse, exigir respuestas y construir espacios de incidencia política. Lejos de permanecer como víctimas pasivas de la contaminación, vecinos, organizaciones territoriales, sindicatos de pescadores, agrupaciones ambientalistas, profesionales de la salud, académicos y organizaciones de la sociedad civil han desarrollado una intensa labor de denuncia, movilización y vigilancia ciudadana que ha permitido mantener el conflicto en la agenda pública nacional.

Es precisamente aquí donde el concepto de gobernanza territorial adquiere relevancia. A diferencia de los enfoques tradicionales, centrados exclusivamente en la acción del Estado o del mercado, la gobernanza territorial reconoce que los conflictos complejos requieren la articulación de diversos actores para construir soluciones acordes a las necesidades y particularidades de cada territorio.

En Quintero y Puchuncaví, este enfoque ha surgido como respuesta a una crisis que las instituciones tradicionales no han logrado resolver. Mesas de diálogo, programas de recuperación ambiental, instancias de coordinación entre organismos públicos, empresas y organizaciones sociales, junto con acciones judiciales impulsadas por la ciudadanía (cabe recordar la emblemática sentencia de la Corte Suprema en 2019), han contribuido a fortalecer el control social sobre las decisiones que afectan a la bahía.

Si bien estos mecanismos no han logrado erradicar la contaminación, sí han generado un efecto significativo: aumentar el accountability de quienes intervienen en el territorio. Hoy existe un mayor escrutinio sobre las empresas, una mayor exigencia hacia las autoridades y una ciudadanía más organizada y vigilante, capaz de reducir los espacios de opacidad que durante décadas caracterizaron la gestión ambiental de la zona.

Sin embargo, sería un error interpretar estos avances como una solución definitiva. Por el contrario, la experiencia demuestra que la gobernanza territorial solo puede ser efectiva cuando existe una voluntad real de equilibrar las asimetrías de poder entre los distintos actores. Mientras persistan condiciones en las que las comunidades continúan expuestas a riesgos sanitarios recurrentes, la confianza en las instituciones seguirá siendo frágil y los espacios de diálogo enfrentarán importantes limitaciones.

Los más de cien casos de intoxicación registrados en sólo tres meses son un recordatorio de que la deuda con Quintero y Puchuncaví permanece abierta, y también son una señal de que las respuestas basadas únicamente en medidas de mitigación resultan insuficientes frente a un problema estructural. El desafío ya no consiste únicamente en reaccionar ante cada emergencia ambiental, sino en transformar las condiciones que la hacen posible.

La pregunta de fondo es cuánto tiempo más deberán esperar estas comunidades para que el derecho a vivir en un ambiente sano deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad. Durante décadas, el Estado no sólo ha fallado en garantizar ese derecho, sino también en corregir las profundas asimetrías de poder que han permitido que los costos ambientales recaigan sobre quienes menos capacidad tienen para defenderse.

Cuando las instituciones no entregan respuestas suficientes, son las propias comunidades las que terminan asumiendo una responsabilidad que nunca debió recaer exclusivamente sobre sus hombros. En Quintero y Puchuncaví, han sido las organizaciones sociales, los movimientos ambientales, los pescadores, las familias afectadas y las redes de apoyo técnico y jurídico quienes han sostenido la vigilancia permanente sobre las empresas y las autoridades, empujando cambios que de otro modo difícilmente habrían ocurrido.

Esa es, quizás, la principal lección que deja la experiencia de gobernanza territorial en la bahía: cuando el Estado falla, la organización colectiva emerge como una herramienta indispensable para exigir derechos, reducir las asimetrías de poder y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, desde una lectura crítica, la gobernanza territorial no puede reducirse a la existencia de mesas de diálogo o espacios de participación: la pregunta de fondo es si estos mecanismos están permitiendo una redistribución efectiva del poder de decisión sobre el territorio o si, por el contrario, terminan administrando una crisis cuyos costos siguen recayendo sobre los mismos de siempre.

Porque ninguna comunidad debería verse obligada a reemplazar al Estado en su deber de proteger la salud y la vida de sus habitantes, la verdadera medida del éxito de la gobernanza no está en la cantidad de instancias de coordinación que se crean, sino en su capacidad para garantizar derechos, corregir desigualdades históricas y transformar las condiciones que dieron origen al conflicto. Mientras ello no ocurra, Quintero y Puchuncaví continuarán representando una de las mayores contradicciones del desarrollo chileno: territorios que generan riqueza para el país, pero cuyos habitantes siguen soportando costos que ninguna sociedad democrática debería considerar aceptables.