“No estoy dispuesto a comprometer la seguridad y la felicidad de nuestros hijos”, declaró esta semana el primer ministro británico al anunciar una ley que restringirá el uso de redes sociales para menores de 16 años. Con esa medida, el país se sumará a Australia, Indonesia, Malasia y Francia, que ya cuentan con legislación en esa línea.
Lejos de verlo como una tendencia ideológica, estos países entienden la necesidad de una respuesta regulatoria frente a lo que cada vez más democracias reconocen como un problema.
Si miramos a Chile, la preocupación atraviesa todo el espectro político. En el Congreso se ha conformado una bancada por la protección digital infantil, mientras avanza la discusión de un proyecto de ley que busca restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, plataformas en vivo, apuestas online y contenido pornográfico.
Los datos ayudan a entender por qué. Según un informe de la Defensoría de la Niñez, el 42% de los niños y adolescentes en Chile ha tenido contacto en línea con personas que no conocen en la vida real, y el 40% ha sido contactado directamente por desconocidos a través de redes. Además, cuatro de cada diez estudiantes de 15 años han compartido desinformación sin saber que era falsa.
Las consecuencias conductuales son igualmente preocupantes. Las redes sociales y ciertos videojuegos están diseñados de manera tal que intervienen directamente en el sistema de recompensa del cerebro, generando alzas de dopamina —hormona asociada al placer y la motivación— que, con el tiempo, reducen la capacidad natural de sentir satisfacción y empujan hacia una búsqueda cada vez más compulsiva de estímulos. Esto se traduce en efectos negativos sobre la atención sostenida, la regulación emocional y la impulsividad, con consecuencias especialmente graves en un cerebro que todavía está formándose.
A esto se suma la degradación de los vínculos. Cuando los niños y adolescentes pasan sus horas formativas en plataformas diseñadas para la validación inmediata, pierden algo difícil de recuperar, como la capacidad de jugar y frustrarse, pero volver a ser amigos. La de discutir de frente y llegar a acuerdos. En las redes sociales encontramos nichos de apoyo en pantallas pero que rara vez se traducen en algo real. Y mientras eso ocurre, vamos perdiendo, silenciosamente, todo lo que sostiene la vida en común.
Nuestro país está avanzando en la dirección correcta, pues ya existe la ley que prohibió el uso de celulares en las aulas y ahora se discute un proyecto que restringe el acceso a redes sociales antes de los 16 años. Pero estas medidas no son suficientes.
Chile tiene una ventaja que otros países no tuvieron al momento de legislar: podemos observar sus aciertos y errores antes de actuar. Sabemos que las prohibiciones sin educación digital solo generan evasión de la normas; que sin corresponsabilidad de las plataformas la carga recae enteramente en las familias, y que las restricciones de acceso no reemplazan la necesidad de adultos presentes. Por eso, el desafío ahora es transformar ese aprendizaje en una legislación eficaz y capaz de proteger a nuestros niños y adolescentes.
América Castillo
Investigadora asociada
Instituto Libertad
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