Salud mental juvenil y seguridad pública: por qué debemos reforzar el rol del Cosam

La combinación de suicidio juvenil, consumo problemático de alcohol y drogas, violencia en los barrios y creciente conflictividad en entornos escolares está tensionando al máximo a la red pública de salud y a la capacidad del Estado para responder de manera preventiva.

En este escenario, limitarse a la Atención Primaria es insuficiente. Se requiere fortalecer de manera explícita el rol de los Centros Comunitarios de Salud Mental, Cosam, como nivel secundario especializado, capaz de intervenir tempranamente en trayectorias de riesgo, trabajar con familias y comunidades educativas y articularse con los dispositivos de seguridad municipal, convivencia escolar y prevención del delito. Reforzar el Cosam no es solo una decisión sanitaria, es una pieza clave para que la agenda de seguridad pública del gobierno sea consistente con su compromiso de proteger efectivamente a niños, niñas y jóvenes.

La salud mental juvenil ya no puede seguir tratándose como un asunto marginal ni como una agenda separada de la seguridad. En Chile, las señales de alarma persisten en suicidio adolescente, autolesiones, consumo de sustancias y deterioro del bienestar emocional de estudiantes. Estos fenómenos no son paralelos a la crisis de seguridad ni a la violencia escolar.

Cuando el sufrimiento psíquico no se aborda a tiempo, suele expresarse en deserción escolar, conflictos familiares, aislamiento, desregulación conductual, pertenencia a grupos de alto riesgo y mayor exposición a trayectorias delictuales que luego terminan en la estadística policial o en la judicialización temprana. Lo que muchas veces aparece como un problema de orden público o convivencia escolar comenzó antes, en una crisis de salud mental no tratada oportunamente.

Sin embargo, la respuesta institucional sigue organizada como si bastara con la Atención Primaria de Salud. La APS es la puerta de entrada y el lugar donde se detectan las primeras señales, ideación suicida, autolesiones, cambios bruscos de conducta, inicio de consumo problemático, ausentismo reiterado o conflictos graves en la escuela. Pero la APS no dispone, ni debe disponer, de toda la capacidad terapéutica, de manejo de crisis y de intervención intensiva que requieren los cuadros moderados y graves de salud mental juvenil.

Pretender que el problema se resolverá solo recargando más funciones en los Cesfam es una forma elegante de no hacerse cargo del verdadero nivel de complejidad.

Si el país quiere una política de seguridad pública efectiva, el Estado debe asumir que la salud mental juvenil es parte constitutiva de la prevención del delito, al mismo nivel que la persecución penal, la vigilancia preventiva o el despliegue policial.

Eso exige instalar a los Cosam como pieza estratégica, no como un apéndice administrativo que se mira solo desde la lógica del gasto. El Cosam concentra equipos especializados, capacidad de trabajo intensivo con familias, dispositivos grupales y comunitarios, articulación con programas de consumo problemático y competencias para intervenir en crisis complejas. Es el nivel de atención donde todavía es posible reorientar trayectorias antes de que se transformen en prontuarios, expulsiones escolares, reincidencia o condenas.

Esta mirada cobra aún más fuerza a la luz de la agenda vigente. El gobierno ha puesto la seguridad en el centro de sus prioridades, pero también ha debido reconocer que la respuesta no puede limitarse a medidas reactivas. Hoy existe mayor conciencia institucional de que la seguridad escolar requiere prevención, bienestar emocional, intervención oportuna y coordinación estable entre escuela, municipio, salud y redes de protección.

Del mismo modo, la nueva política de reinserción social juvenil confirma que interrumpir trayectorias delictivas exige intervención intersectorial y territorial, con acceso real a salud, educación y apoyo psicosocial. En ese marco, fortalecer los Cosam no se desvía de las prioridades actuales del gobierno, las vuelve operativas, especialmente en la población juvenil más expuesta al daño acumulado.

En un contexto de restricción fiscal, la pregunta no es si el Estado debe gastar menos o más en salud mental, sino dónde cada peso aporta más a la cohesión social, a la permanencia escolar y a la seguridad. Acercar el Cosam a la APS y al sistema educativo es, justamente, una forma de usar mejor los recursos.

Supone que en cada comuna exista un plan único de salud mental juvenil, donde Cosam y Cesfam trabajen como un solo equipo junto a escuelas, programas de convivencia, oficinas de seguridad municipal y dispositivos de prevención del delito. Supone cupos prioritarios para jóvenes en alto riesgo, rondas clínicas en los territorios, presencia estable en liceos más vulnerables y coordinación efectiva con justicia juvenil, protección social y redes locales de apoyo. Supone, sobre todo, que las metas no se midan solo en número de controles, sino también en intentos de suicidio evitados, episodios de violencia escolar desescalados y trayectorias educativas recuperadas.

Aquí también aparece una brecha que conviene abordar con mayor decisión. Aunque el discurso público ha comenzado a vincular seguridad escolar con bienestar emocional, todavía persiste una fragmentación institucional que separa la convivencia escolar de la red de salud mental y ambas de la seguridad comunal. Esa fragmentación hace que muchas escuelas enfrenten solas situaciones de alta complejidad, que los municipios reaccionen tarde y que los equipos de salud reciban derivaciones cuando el daño ya escaló. Si se quiere coherencia con la agenda política vigente, el país debe avanzar desde protocolos aislados hacia una verdadera gobernanza territorial de salud mental juvenil, donde la escuela no sea un espacio periférico, sino uno de los principales puntos de prevención.

Por eso, reforzar el Cosam también debe reenmarcarse como una política de seguridad escolar. No solo porque puede intervenir cuando ya existe un cuadro clínico, sino porque puede contribuir a detectar tempranamente conductas autolesivas, sostener a estudiantes en crisis, trabajar con familias, apoyar a equipos directivos y disminuir el riesgo de respuestas exclusivamente punitivas frente a situaciones que exigen abordaje especializado. En los establecimientos más vulnerables, la presencia periódica del Cosam, articulada con convivencia escolar y seguridad municipal, puede marcar la diferencia entre una crisis contenida a tiempo y una trayectoria de exclusión que termina agravando el problema.

El gobierno ya está en funciones y la exigencia ahora no es prometer, sino actuar con coherencia con su propio programa y con la prioridad que ha declarado para la seguridad. Se puede optar por una mirada concentrada en patrullas, cámaras y sanciones, pero quienes trabajamos en las comunas, en contacto con los jóvenes, sabemos que la seguridad también se construye evitando que niños, niñas y jóvenes lleguen a esos circuitos. Ser leales a ese propósito implica fortalecer el nivel secundario, consolidar la red comunitaria y reconocer que la salud mental juvenil no es un tema lateral, sino uno de los terrenos donde hoy se juega buena parte de la seguridad pública, la prevención del delito y la estabilidad de las comunidades educativas.

Integrar de verdad los Cosam a la vida de los territorios no es un lujo programático. Es una condición mínima para que la política de seguridad pública del gobierno sea efectiva y reconocible para las familias en su vida cotidiana. Si se quiere una estrategia que llegue antes que la crisis, que proteja trayectorias escolares y que reduzca riesgos reales de violencia y delito, entonces fortalecer el Cosam debe dejar de ser una discusión sectorial y pasar a ser parte central de la respuesta del Estado.